Por: Celeste Benítez

Pasado mañana, sábado 26 de marzo, el Colegio de Abogados celebra un radiomaratón para levantar fondos para financiar los altos costos de un pleito en el tribunal federal incoado por activistas de la estadidad para destruir esa ilustre institución. No podemos permitir que el gobernador Fortuño y el PNP se salgan con las suyas.

El ilustre Colegio de Abogados es la institución profesional más antigua de Puerto Rico. Fundada el 27 de junio de 1840, rindió valiosos servicios a la administración de la justicia y al fortalecimiento de la clase togada en Puerto Rico hasta la invasión norteamericana de 1898 y la subsiguiente imposición de un régimen militar en la Isla.

Con el cambio de soberanía, muchos abogados norteamericanos vinieron a la Isla, siguiendo la práctica de los “carpetbaggers” del Norte, quienes, después de la victoria de sus tropas en la Guerra Civil (1861-1865), se trasladaban al Sur buscando obtener una buena parte de los despojos de la guerra. El entonces secretario de Justicia del Gobierno Autonómico Juan Hernández López no permitió que esos togados ejercieran la profesión aquí, ya que no conocían nuestro idioma, ni nuestro Derecho, ni podrían, por esas razones, pasar el examen de reválida requerido para practicar aquí.

El gobernador militar, Gen. George W. Davis, les resolvió ese problema a los abogados americanos estableciendo el 27 de junio de 1899 la corte federal de Puerto Rico. No contento con esto, ordenó que a partir del 31 de agosto de 1899 sólo podrían practicar la abogacía en Puerto Rico quienes obtuvieran sus títulos en una universidad de Estados Unidos, exceptuando a quienes ya ejercían su profesión aquí.

En nuestros días, la hostilidad hacia el Colegio tiene una raíz ideológica: a los anexonistas les repugna todo lo que se desvíe, aunque sea un ápice, de prácticas generalizadas en los Estados Unidos, aún cuando esa desviación sea buena para Puerto Rico. Tampoco toleran cualquier organización que ellos no puedan controlar.

Y el Colegio de Abogados les ha resultado ser un hueso muy duro de roer. Siempre han intentado elegir un presidente estadista, pero nunca han tenido éxito. El más estrepitoso de esos fracasos se dio en el 1998, siendo gobernador Pedro Rosselló.

El gobierno penepeísta celebraba el centenario de la invasión norteamericana y se preparaba para llevar a cabo un plebiscito sobre el status en diciembre de ese año. Calentando los motores para ambos acontecimientos, los anexionistas se movilizaron para asaltar la presidencia del Collegio.

Postularon un candidato “oficial” que recibió toda la ayuda de la Administración Rosselló y de su partido. Numerosos funcionarios del gobierno presionaron a los abogados de sus agencias para asistir a la asamblea y votar por el candidato penepeísta. Algunos les proveyeron transportación a sus empleados y hasta se personaron allí para cerciorarse de que su gente seguía sus instrucciones. Esa fue la asamblea más concurrida de toda la historia del Colegio, y, una vez más, las fuerzas anexionistas resultaron derrotadas.

Como no pueden controlar el Colegio con los votos, ahora se aprestan a destruirlo. En enero de 2009, pasadas las elecciones que le dieron al PNP el control absoluto del gobierno, la Legislatura aprobó dos proyectos para eliminar la colegiación compulsoria que Luis Fortuño se apresuró a convertir en ley.

Como esa estrategia no les funcionó, porque el Colegio continúa existiendo, sus esfuerzos se mudaron a la corte federal para tratar de destruirlo por la vía económica.

Pero esa estrategia no es nueva. Ya en el 1994, bajo el gobierno de Rosselló, el licenciado Carlos A. Romero, hijo de Carlos Romero Barceló, radicó un pleito ante la corte federal, desde luego, impugnando que el Colegio utilizara parte de su cuota para pagar un seguro de vida, uno de los beneficios que la institución les ofrece a sus colegiados. En el 2002 la corte le ordenó al Colegio devolverle al hijo de Romero el monto correspondiente al seguro impugnado.

Pero eso todavía no era suficiente. En junio de 2006, tres abogados anexionistas radicaron el mismo pleito de Romero, hijo, pero esta vez alegando que ellos representaban a todos los abogados a quienes el Colegio seguía proveyendo el seguro a través del pago de la cuota. Bajo circunstancias irregulares, el juez federal Jaime Pieras certificó la clase y determinó que el Colegio tendría que devolver unos $4 millones a los abogados supuestamente afectados.

Pieras siempre fue un activista pro estadidad y le debe su nombramiento a las presiones que ejerció el entonces gobernador Romero Barceló ante el gobierno federal. Por problemas de salud de Pieras, el juicio está ahora en manos del juez José A. Fusté.

Cuando el presidente del Colegio, Osvaldo Toledo, intentó informarles a los colegiados de las gestiones que tendrían que hacer para salirse de la clase, si así lo deseaban, Fusté le impuso una mordaza y una multa por $10,000, so pena de cárcel. Gallardamente, Toledo se negó a obedecer una orden a todas luces injusta, y fue ingresado a la cárcel federal. Las condiciones inhóspitas de la cárcel afectaron su salud a tal grado, que su familia pagó de su propio peculio la multa impuesta para comprar su libertad tras cinco días de encierro.

Vean esto otro. El juez del Tribunal Supremo Efraín Rivera Pérez renunció a su cargo el 3 de junio de 2010. Cuatro semanas más tarde, Rivera asumió la presidencia de la “Puerto Rico Lawyers Association”, incorporada el 30 de junio de ese mismo año, que pretende agrupar a los abogados de la Isla. Eso no es otra cosa que una movida para atacar al Colegio desde otro frente. Poco después de su renuncia, Rivera fue nombrado “Monitor” de la Policía de Puerto Rico por Fortuño, con un contrato de $600,000 al año. ¡Qué extraña “coincidencia”!

El gobierno y el PNP de Luis Fortuño se valen de esas despreciables artimañas para destruir al Colegio de Abogados. Los puertorriqueños no podemos permitir que esos abusos continúen. Tenemos que respaldar y agradecer la valentía de Osvaldo Toledo y de nuestro Luis Gutiérrez, quien denunció los abusos de Fusté y de Fortuño ante el pleno del Congreso. ¡Todos al radiomaratón del sábado a la defensa del Colegio!