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No han aprendido nada

In Celeste Benitez, Gobernador Luis Fortuño, politica on March 29, 2011 at 1:44 pm
El Viejo San Juan

Contra viento y marea, y contra todos los pronósticos que todo el mundo hacía, en el plebiscito del 14 de noviembre de 1993 el ELA resultó triunfante con 826,votos (48.5%), frente a los 788,296 (46.4%) de la estadidad y los 75,620 (4.4%) de la independencia. El ELA se impuso en 5 de los 8 distritos senatoriales y en 55 de las 78 alcaldías. Votó el 73.5% del registro de electores, la participación electoral más alta de cualquier plebiscito o referéndum jamás celebrado en Puerto Rico.

Por: Celeste Benítez

Al regresar triunfante en el 1815 de su breve exilio en la isla de Elba para destronar al rey borbón Luis XVIII, Napoleón emitió una proclama al pueblo de Francia con estas famosas palabras, “A los pocos meses de reinar los Borbones, os han convencido de que no han olvidado nada y que no han aprendido nada.”

Lo mismo puede decirse del Partido Nuevo Progreista y del gobernador Luis Fortuño: no han olvidado ninguna de las trampas y malas mañas de Carlos Romero y de Pedro Rosselló, y no han aprendido nada de las sabias lecciones de vergüenza electoral que los puertorriqueños les hemos dado en los pasados años.

Esto lo vemos muy claramente con los dos plebiscitos criollos que el PNP dijo el sábado pasado que se propone legislar. En una primera consulta que celebrarían este mismo año (la segunda la posponen para el 2013), pondrían a los electores a escoger una de tres opciones: estadidad, independencia y libre asociación.

Sí, aunque usted no lo crea, una vez más el PNP se empeña en sacar al Estado Libre Asociado (ELA) de la papeleta. Están convencidos de que ésa es la única manera en que podrían fabricarle un triunfo a la estadidad en un plebiscito. Pero esa jaibería politiquera tiene una historia que todos los mayores tenemos que recordar y todos los jóvenes tienen que conocer.

El origen de esos repetidos intentos del PNP de sacar al ELA de la papeleta se remonta a los resultados del plebiscito del 14 de noviembre de 1993. En las elecciones del 3 de noviembre de 1992 el Partido Popular había sufrido la hasta entonces peor derrota electoral de toda su historia. El doctor Pedro Rosselló ganó la gobernación con el 49.9% de los votos emitidos; candidatos del PNP triunfaron en 54 de las 78 alcaldías del país y ese partido obtuvo dos terceras (2/3) partes de los escaños de ambas Cámaras de la Legislatura.

El 1993 comenzaba con un Partido Popular mordiendo el polvo amargo de la derrota. La situación se agravó aún más cuando la candidata derrotada, senadora Victoria “Melo” Muñoz, renunció a la presidencia del partido y se desató una fuerte pugna por la sucesión. Derrotado, desmoralizado, endeudado, y ahora dividido en cuatro bandos en lucha por la presidencia, el PPD atravesaba en mayo de 1993 el momento de mayor vulnerabilidad de toda su historia.

Fue justamente entonces, en los primeros días de aquel mayo fatídico, que el gobernador Rosselló anunció su intención de celebrar un plebiscito sobre status en el mes de noviembre. Era obvio que él y su partido querían aprovechar la grave crisis interna del PPD para asestarles un tiro en la nuca al partido y al ELA. El plebiscito sería el instrumento que les permitiría matar esos dos pájaros de un tiro.

Contra viento y marea, y contra todos los pronósticos que todo el mundo hacía, en el plebiscito del 14 de noviembre de 1993 el ELA resultó triunfante con 826,votos (48.5%), frente a los 788,296 (46.4%) de la estadidad y los 75,620 (4.4%) de la independencia. El ELA se impuso en 5 de los 8 distritos senatoriales y en 55 de las 78 alcaldías. Votó el 73.5% del registro de electores, la participación electoral más alta de cualquier plebiscito o referéndum jamás celebrado en Puerto Rico.

Tras la derrota, en vez de obedecer la voluntad del pueblo, Rosselló puso inmediatamente en marcha su Plan B de status. Al ver que no podría obtener la estadidad por la vía de las urnas, porque no tenía los votos para respaldarla, Rosselló decidió que el PNP libraría la batalla por la estadidad en el Congreso y la Casa Blanca, por la vía de las influencias que podría hacer valer allí con los dineros de nuestro pueblo.

Para ejecutar ese plan maquiavélico de comprar la estadidad a precio de oro con la chequera del Estado Libre Asociado, Rosselló destacó en Washington a su secretario de la Gobernación, Álvaro Cifuentes. Él y el congresista republicano por Alaska Don Young fueron fichas clave en esa estrategia.

Young radicó en el Congreso varios proyectos de ley que eran todos variaciones sobre un mismo tema: cómo sacar el ELA de la papeleta electoral para obligarnos a escoger entre la estadidad y la independencia, las dos fórmulas de status que los puertorriqueños hemos rechazado consistentemente desde el primer plebiscito de 1967.

Incontables millones de dólares más tarde, idos a forrar los bolsillos de funcionarios, políticos y cabideros de toda índole, el 4 de marzo de 1998 el H.R. 856 fue puesto a votación en el Congreso. Tras una confusa votación, fue aprobado por un solo voto: 209 a favor y 208 en contra. Ese resultado representó la muerte del “Proyecto Young”, como se le conocía aquí.

A pesar de ese estrepitoso fracaso, Rosselló se empecinó en celebrar otro plebiscito el 13 de diciembre de ese mismo año. La dócil Legislatura PNP le legisló el plebiscito más marullero que podría imaginarse. Entre otras trampas, el nombre “Estado Libre Asociado” no aparecía por ningún lado en una papeleta que confrontaba al elector con cuatro opciones distintas con las que ningún estadolibrista podía identificarse.

Había una quinta opción: “Ninguna de las anteriores”. Asqueado por tanta trampa, el País votó por “Ninguna de las anteriores”, que obtuvo el 51.3% del total de sufragios emitidos.

Como el PNP no aprende, el 19 de mayo de 1999, el comisionado Pedro Pierluissi radicó el H.R. 2499, otra versión del Proyecto Young, que eliminaba al ELA de la papeleta de los plebiscitos de status que ese proyecto proponía. Una vez más, un gobierno penepeísta gastaba millones de dólares de la chequera del ELA para comprar la aprobación de esa otra trampa.

Pero no contaban con la astucia del representante Héctor Ferrer. El presidente del PPD convenció a la congresista Virginia Foxx (Republicana, representante por el Distrito 5 de Carolina del Norte) de la jaibería de ese proyecto. Cuando el H.R. 2499 fue llevado a votación, Foxx presentó una enmienda en el hemiciclo para que el ELA fuera incluido en la papeleta. La enmienda fue aprobada, y así, el H.R. 2499 murió sin que nadie lo llorara.

Como no aprenden, Fortuño y el PNP siguen dándole con la cabeza al seto con otro proyecto de plebiscito que saca al Estado Libre Asociado de la papeleta de votación. Le espera otra nueva derrota a su repugnante jaibería electoral.

¡A defender el Colegio el sábado!

In Celeste Benitez, Gobernador Luis Fortuño, politica, Politics, Puerto Rico on March 23, 2011 at 11:20 am

Por: Celeste Benítez

Pasado mañana, sábado 26 de marzo, el Colegio de Abogados celebra un radiomaratón para levantar fondos para financiar los altos costos de un pleito en el tribunal federal incoado por activistas de la estadidad para destruir esa ilustre institución. No podemos permitir que el gobernador Fortuño y el PNP se salgan con las suyas.

El ilustre Colegio de Abogados es la institución profesional más antigua de Puerto Rico. Fundada el 27 de junio de 1840, rindió valiosos servicios a la administración de la justicia y al fortalecimiento de la clase togada en Puerto Rico hasta la invasión norteamericana de 1898 y la subsiguiente imposición de un régimen militar en la Isla.

Con el cambio de soberanía, muchos abogados norteamericanos vinieron a la Isla, siguiendo la práctica de los “carpetbaggers” del Norte, quienes, después de la victoria de sus tropas en la Guerra Civil (1861-1865), se trasladaban al Sur buscando obtener una buena parte de los despojos de la guerra. El entonces secretario de Justicia del Gobierno Autonómico Juan Hernández López no permitió que esos togados ejercieran la profesión aquí, ya que no conocían nuestro idioma, ni nuestro Derecho, ni podrían, por esas razones, pasar el examen de reválida requerido para practicar aquí.

El gobernador militar, Gen. George W. Davis, les resolvió ese problema a los abogados americanos estableciendo el 27 de junio de 1899 la corte federal de Puerto Rico. No contento con esto, ordenó que a partir del 31 de agosto de 1899 sólo podrían practicar la abogacía en Puerto Rico quienes obtuvieran sus títulos en una universidad de Estados Unidos, exceptuando a quienes ya ejercían su profesión aquí.

En nuestros días, la hostilidad hacia el Colegio tiene una raíz ideológica: a los anexonistas les repugna todo lo que se desvíe, aunque sea un ápice, de prácticas generalizadas en los Estados Unidos, aún cuando esa desviación sea buena para Puerto Rico. Tampoco toleran cualquier organización que ellos no puedan controlar.

Y el Colegio de Abogados les ha resultado ser un hueso muy duro de roer. Siempre han intentado elegir un presidente estadista, pero nunca han tenido éxito. El más estrepitoso de esos fracasos se dio en el 1998, siendo gobernador Pedro Rosselló.

El gobierno penepeísta celebraba el centenario de la invasión norteamericana y se preparaba para llevar a cabo un plebiscito sobre el status en diciembre de ese año. Calentando los motores para ambos acontecimientos, los anexionistas se movilizaron para asaltar la presidencia del Collegio.

Postularon un candidato “oficial” que recibió toda la ayuda de la Administración Rosselló y de su partido. Numerosos funcionarios del gobierno presionaron a los abogados de sus agencias para asistir a la asamblea y votar por el candidato penepeísta. Algunos les proveyeron transportación a sus empleados y hasta se personaron allí para cerciorarse de que su gente seguía sus instrucciones. Esa fue la asamblea más concurrida de toda la historia del Colegio, y, una vez más, las fuerzas anexionistas resultaron derrotadas.

Como no pueden controlar el Colegio con los votos, ahora se aprestan a destruirlo. En enero de 2009, pasadas las elecciones que le dieron al PNP el control absoluto del gobierno, la Legislatura aprobó dos proyectos para eliminar la colegiación compulsoria que Luis Fortuño se apresuró a convertir en ley.

Como esa estrategia no les funcionó, porque el Colegio continúa existiendo, sus esfuerzos se mudaron a la corte federal para tratar de destruirlo por la vía económica.

Pero esa estrategia no es nueva. Ya en el 1994, bajo el gobierno de Rosselló, el licenciado Carlos A. Romero, hijo de Carlos Romero Barceló, radicó un pleito ante la corte federal, desde luego, impugnando que el Colegio utilizara parte de su cuota para pagar un seguro de vida, uno de los beneficios que la institución les ofrece a sus colegiados. En el 2002 la corte le ordenó al Colegio devolverle al hijo de Romero el monto correspondiente al seguro impugnado.

Pero eso todavía no era suficiente. En junio de 2006, tres abogados anexionistas radicaron el mismo pleito de Romero, hijo, pero esta vez alegando que ellos representaban a todos los abogados a quienes el Colegio seguía proveyendo el seguro a través del pago de la cuota. Bajo circunstancias irregulares, el juez federal Jaime Pieras certificó la clase y determinó que el Colegio tendría que devolver unos $4 millones a los abogados supuestamente afectados.

Pieras siempre fue un activista pro estadidad y le debe su nombramiento a las presiones que ejerció el entonces gobernador Romero Barceló ante el gobierno federal. Por problemas de salud de Pieras, el juicio está ahora en manos del juez José A. Fusté.

Cuando el presidente del Colegio, Osvaldo Toledo, intentó informarles a los colegiados de las gestiones que tendrían que hacer para salirse de la clase, si así lo deseaban, Fusté le impuso una mordaza y una multa por $10,000, so pena de cárcel. Gallardamente, Toledo se negó a obedecer una orden a todas luces injusta, y fue ingresado a la cárcel federal. Las condiciones inhóspitas de la cárcel afectaron su salud a tal grado, que su familia pagó de su propio peculio la multa impuesta para comprar su libertad tras cinco días de encierro.

Vean esto otro. El juez del Tribunal Supremo Efraín Rivera Pérez renunció a su cargo el 3 de junio de 2010. Cuatro semanas más tarde, Rivera asumió la presidencia de la “Puerto Rico Lawyers Association”, incorporada el 30 de junio de ese mismo año, que pretende agrupar a los abogados de la Isla. Eso no es otra cosa que una movida para atacar al Colegio desde otro frente. Poco después de su renuncia, Rivera fue nombrado “Monitor” de la Policía de Puerto Rico por Fortuño, con un contrato de $600,000 al año. ¡Qué extraña “coincidencia”!

El gobierno y el PNP de Luis Fortuño se valen de esas despreciables artimañas para destruir al Colegio de Abogados. Los puertorriqueños no podemos permitir que esos abusos continúen. Tenemos que respaldar y agradecer la valentía de Osvaldo Toledo y de nuestro Luis Gutiérrez, quien denunció los abusos de Fusté y de Fortuño ante el pleno del Congreso. ¡Todos al radiomaratón del sábado a la defensa del Colegio!

El abogado de los corruptos

In Celeste Benitez, Derechos Civiles, politica, violencia on March 21, 2011 at 9:47 pm
Tomas Rivera Schatz no respeta la Constitución de Puerto Rico y mucho menos su gente.

Tomas Rivera Schatz no respeta la Constitución de Puerto Rico y mucho menos su gente.

Por:  Celeste Benítez

El presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, merece el título de “Abogado de los corruptos” por su trayectoria profesional. Hasta ahora, su cliente más prominente había sido el ex gobernador Pedro Rosselló, quien disfrutó por la vía del fraude de una “pensión Cadillac” de $52,500 anuales a partir de enero de 2001.

En el verano del 2000, cuando Rosselló hacía gestiones para jubilarse, la Administración de los Sistemas de Retiro del ELA (Retiro) le certificó que al 31 de diciembre de ese año, sólo contaría con 29 años y 3 meses de tiempo cotizado. Le faltaban nueve (9) meses para poder disfrutar de la pensión de $52,500 anuales que el entonces gobernador codiciaba.

El 15 de diciembre del 2000, “milagrosamente” aparecieron los 9 meses que faltaban. La Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción (ASSMCA) “certificó” que el estudiante Pedro Rosselló había trabajado bajo contrato en el Departamento de Salud (DS) de junio a agosto en los años 1962, 1963 y 1964. Ello, a pesar de que los empleos de verano para estudiantes usualmente se extienden sólo por dos meses (junio y julio), y no por tres (3).

El expediente final de los 30 años se completó a puertas cerradas en el DS el domingo 31 de diciembre del 2000. José Acevedo Martínez, entonces administrador de ASSMCA y posteriormente convicto de soborno y extorsión, emitió la “certificación” en un trámite altamente irregular, y sin evidencia alguna que confirmara los “hechos” que estaba certificando.

Una investigación posterior realizada por Retiro reveló que los famosos contratos con Salud nunca existieron, y que en aquellos tres veranos Rosselló había estado jugando tenis en torneos fuera del País. La Agencia determinó que el ex gobernador no tenía derecho a la “pensión Cadillac” de que disfrutaba fraudulentamente; ajustó el monto de su pensión a la que correspondía a los 29 años y 3 meses que él sí había cotizado, y le exigió restituir el dinero que había cobrado en exceso.

El asunto fue a parar a los Tribunales, donde el abogado defensor del ex gobernador fue nada menos que Tomás Rivera Schatz. Éste logró estirar el caso hasta pasadas las elecciones del 2004, en que Rosselló era de nuevo el candidato a gobernador por el PNP.

Cuando Aníbal Acevedo Vilá derrotó a su cliente, Rivera Schatz consiguió que un tal Víctor Loubriel, electo senador por Arecibo en aquellos comicios, renunciara “generosamente” a su escaño. Ese súper chanchullo le permitió a Rosselló llenar la vacante. Al jurar su flamante escaño, el caso contra el ex gobernador se convirtió en académico.

No contento con tal hazaña, Rivera Schatz hizo que Luis Fortuño firmara la ley que bautizó el Centro de Convenciones de Puerto Rico con el nombre de Pedro Rosselló, quien presidió el gobierno más corrupto que ha tenido Puerto Rico en toda su historia.

Eso nada más nos da una idea de cuán defectuosa es la brújula moral del presidente del Senado. Pero no se vaya, que hay más…

El viernes 7 de mayo del año pasado, en medio de rumores que indicaban que el Fiscal Especial Independiente (FEI) César López Cintrón se proponía acusar el lunes siguiente al alcalde PNP de Vega Baja Edgar Santana por delitos de soborno y corrupción, Rivera Schatz convocó una rueda de prensa. Lo acompañaban los alcaldes Héctor O’Neill (Guaynabo) y Aníbal Vega Borges (Toa Baja), así como la senadora Itzamar Peña (PNP, Acumulación), quienes apoyaban con su presencia todos los graves señalamientos que hizo su correligionario.

En el tono prepotente y zafio que lo caracteriza, el presidente del Senado lanzó un salvaje ataque contra el FEI López Cintrón, acusándolo de fabricarle un caso a Santana y de toda clase de conducta antiética. Refutó las acusaciones que se anticipaba presentaría López Cintrón, declaró “inocente de todos los cargos” a Santana, y ese mismo día radicó una medida para investigar la Oficina del FEI. La medida fue referida a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos de la Judicatura, presidida, ¿saben por quién? Nada menos que por el propio Rivera Schatz.

No contento con esa defensa incondicional de su amigo Santana, Rivera Schatz ha estado activo recaudando fondos para la defensa del alcalde acusado por actos de corrupción.

El 4 de noviembre del año pasado, un operativo policíaco que desarticuló una poderosa ganga de narcotraficantes en Ponce tocó de cerca a la Presidencia del Senado. En esa redada cayó preso José “Pepín” Gómez Zaldo, ayudante de Rivera Schatz destacado en la Oficina del Senado en Ponce. Se le acusa de haber sido “la mano derecha” del líder de la ganga y de haber estado activo en el narcotráfico desde el 2002. Rivera Schatz no ha dicho ni pío sobre ese arresto de un empleado suyo.

Los detalles del caso del senador Héctor Martínez son harto conocidos. Puerto Rico entero ha sido testigo del apoyo que raya en lo irracional que Martínez siempre obtuvo de su jefe político. La “amistad” que unía a los dos senadores PNP por Carolina –Martínez y Lornna Soto– con el notorio narcotraficante José “Coquito” Hernández nunca fue investigada a fondo. Tampoco se investigó la notable mejoría en las finanzas de ambos, una vez electos al Senado.

Cuando en junio del 2010 Martínez fue acusado en el Tribunal federal por los cargos de que resultó convicto, Rivera Schatz inmediatamente salió en su defensa. Entre otras cosas, llamó al jefe local del FBI Luis Fraticelli “el Rey de las fecas (mentiras)”, por considerar que las acusaciones contra su defendido carecían de fundamento.

Al comenzar el juicio, Rivera Schatz alquiló una guagua para transportar a la delegación senatorial del PNP a la corte para hacer el ridículo de apoyar la “inocencia” de Martínez. Recaudó fondos para su defensa, nunca lo dejó solo y después de su convicción lo presionó para que no renunciara a su escaño.

¿Es ésta la conducta que se espera de todo un presidente del Senado? Sólo si en vez de un honorable legislador, ocupa ese cargo un abogado de los políticos corruptos…