Politica Panoramica

Los fundamentalistas de la estadidad

In politica on November 19, 2010 at 1:29 pm

Por:  Celeste Benítez

El fundamentalismo religioso y político es una de las grandes calamidades de nuestro tiempo.  En el terreno religioso, tenemos fundamentalistas islámicos y fundamentalistas cristianos.  Se trata de grupos que insisten en una interpretación literal del Corán o de la Biblia.

Para ellos, esos textos de origen divino representan la verdad y la autoridad moral máxima, valores que deben imponerse sobre cualquier autoridad humana.  Ese fundamentalismo conduce inexorablemente al fanatismo.  La más clara expresión de ese tipo de extremismo es la “yihad”, o “guerra santa” que libran algunos sectores islámicos contra la cultura laicista occidental en tantas partes del mundo en nuestros días.

En Puerto Rico, junto al fundamentalismo religioso se da el fundamentalismo político.   Éste eleva el “ideal” de status de cada partido a la categoría de un fin absoluto, que justifica cualquier medio que se utilice para convertirlo en una realidad.  De nuestros tres partidos tradicionales, el PNP es el que más claramente ilustra esta tendencia.

Para los estadistas, cualquier cosa que se haga para arrastrar a Puerto Rico hacia la estadidad, está bien hecha.  El “ideal” así lo exige y así lo justifica.  No importa la magnitud del daño que se le inflija al País en el proceso: si la acción que se toma “acerca” a Puerto Rico hacia la estadidad, está bien hecha.

Los fundamentalistas de la estadidad idolatran a Estados Unidos y hacen todo lo posible por acrecentar el poder que ese país ejerce sobre  nosotros.  Para ellos, continúa teniendo vigencia en el 2010 la recomendación que hiciera el cónsul de Estados Unidos en Puerto Rico, Phillip C. Hanna, en un informe oficial con fecha de 25 de noviembre de 1898.

Con la Isla ya en manos del ejército invasor, el cónsul le recomienda a su gobierno adoptar la siguiente política:

“…lo mejor para esta Isla es que todo lo español sea totalmente cambiado, la forma de gobierno español, el Derecho español, los tribunales españoles… las costumbres españolas, el sistema de educación español… las supersticiones españolas y yo espero también que el idioma español sea cosa del pasado en la Isla.”

Esa política de transculturación a la brava estaba encaminada a que los puertorriqueños rechazáramos la cultura, las costumbres, los valores y el idioma propios nuestros para sustituirlos con las formas de cultura de Estados Unidos.

Con un ejemplar instinto de supervivencia espiritual y cultural, los boricuas luchamos contra esa política de transculturación a la trágala a lo largo de todo el Siglo XX.  Sin embargo, esa política de transculturación está tan viva en el ánimo de los fundamentalistas de la estadidad en el 2010 como lo estuvo en el ánimo de Hanna y sus sucesores en el 1898.

El proyecto radicado por la senadora Melinda Romero para prohibir las peleas de gallos en Puerto Rico es el ejemplo más reciente de ese intento enfermizo por aniquilar todo lo que nos hace diferentes a los 50 estados de la Unión norteamericana para asimilarnos más y más a la cultura de allá.

Como tantas de las maquinaciones de los fundamentalistas de la estadidad, ese proyecto es un gigantesco salto atrás a los peores momentos del coloniaje norteamericano.  Lo primero que hicieron nuestros nuevos amos tan pronto asumieron el control del gobierno de la Isla fue cambiarnos el nombre.  Así, de golpe y porrazo nos convirtieron en “Porto Rico”, para reafirmar su control sobre nosotros.

Como parte de ese proceso de intervenir en las costumbres  de los puertorriqueños, los americanos prohibieron las peleas de gallos en el País.  Pero nuestra gente se comportaba como el inmortal jíbaro de Luis Lloréns Torres: le decían “¡Unjú!” a los cantos de sirena de los pitiyanquis y luego hacían lo que les daba la gana.

Así, las peleas de gallos continuaron en el clandestinaje, como si nada.  Tuvo que intervenir un gran amante del deporte de los gallos para acabar con esa locura.  Como presidente del Partido Unión Republicana y presidente del Senado bajo la Coalición en la década de 1930, Rafael Martínez Nadal creó legislación para legalizar las peleas de gallos en la Isla.

Ahora, una descendiente política suya, la senadora Romero, quiere hacer retroceder a Puerto Rico a los peores años de la colonia norteamericana.  No le importa nada que las peleas de gallos sean legales en las Islas Vírgenes, en Guam, en Samoa y en las Islas Marianas del Norte.  No le importa que ese deporte mueva millones de dólares en nuestra economía; no le importa que ese proyecto ponga en riesgo los empleos de miles de puertorriqueños que se ganan la vida honradamente en las distintas actividades que ese deporte genera.

No: nada de eso importa nada.  Lo importante es meter a Puerto Rico desde ahora en la camisa de fuerza de la estadidad.

Volveré sobre este tema en un futuro artículo, porque hay muchas instancias más del fundamentalismo de la estadidad y del daño que esas actitudes le hacen al País.  Por hoy sólo quiero terminar recordándoles a los fundamentalistas de la estadidad que intentan atosigarnos el inglés por ojo, boca y nariz, las inolvidables palabras de Pablo Neruda:

“Qué buen idioma el mío, qué buena lengua heredamos de los conquistadores torvos…  Éstos andaban a zancadas por las tremendas cordilleras, por las Américas encrespadas, buscando patatas, butifarras, frijolitos, tabaco negro, oro, maíz, huevos fritos, con aquel apetito voraz que nunca más se ha visto en el mundo…

Todo se lo tragaban, con religiones, pirámides, tribus, idolatrías iguales a las que ellos traían en sus grandes bolsas…  Por donde pasaban quedaba arrasada la tierra…  Pero a los bárbaros se les caían de las botas, de las barbas, de los yelmos, de las herraduras, como piedrecitas, las palabras luminosas que se quedaron aquí resplandecientes… el idioma.

Salimos perdiendo…  Salimos ganando…  Se llevaron el oro y nos dejaron el oro.  Se lo llevaron todo y nos dejaron todo…  Nos dejaron las palabras.”

 

No han aprendido nada

In Celeste Benitez, Gobernador Luis Fortuño, politica on March 29, 2011 at 1:44 pm
El Viejo San Juan

Contra viento y marea, y contra todos los pronósticos que todo el mundo hacía, en el plebiscito del 14 de noviembre de 1993 el ELA resultó triunfante con 826,votos (48.5%), frente a los 788,296 (46.4%) de la estadidad y los 75,620 (4.4%) de la independencia. El ELA se impuso en 5 de los 8 distritos senatoriales y en 55 de las 78 alcaldías. Votó el 73.5% del registro de electores, la participación electoral más alta de cualquier plebiscito o referéndum jamás celebrado en Puerto Rico.

Por: Celeste Benítez

Al regresar triunfante en el 1815 de su breve exilio en la isla de Elba para destronar al rey borbón Luis XVIII, Napoleón emitió una proclama al pueblo de Francia con estas famosas palabras, “A los pocos meses de reinar los Borbones, os han convencido de que no han olvidado nada y que no han aprendido nada.”

Lo mismo puede decirse del Partido Nuevo Progreista y del gobernador Luis Fortuño: no han olvidado ninguna de las trampas y malas mañas de Carlos Romero y de Pedro Rosselló, y no han aprendido nada de las sabias lecciones de vergüenza electoral que los puertorriqueños les hemos dado en los pasados años.

Esto lo vemos muy claramente con los dos plebiscitos criollos que el PNP dijo el sábado pasado que se propone legislar. En una primera consulta que celebrarían este mismo año (la segunda la posponen para el 2013), pondrían a los electores a escoger una de tres opciones: estadidad, independencia y libre asociación.

Sí, aunque usted no lo crea, una vez más el PNP se empeña en sacar al Estado Libre Asociado (ELA) de la papeleta. Están convencidos de que ésa es la única manera en que podrían fabricarle un triunfo a la estadidad en un plebiscito. Pero esa jaibería politiquera tiene una historia que todos los mayores tenemos que recordar y todos los jóvenes tienen que conocer.

El origen de esos repetidos intentos del PNP de sacar al ELA de la papeleta se remonta a los resultados del plebiscito del 14 de noviembre de 1993. En las elecciones del 3 de noviembre de 1992 el Partido Popular había sufrido la hasta entonces peor derrota electoral de toda su historia. El doctor Pedro Rosselló ganó la gobernación con el 49.9% de los votos emitidos; candidatos del PNP triunfaron en 54 de las 78 alcaldías del país y ese partido obtuvo dos terceras (2/3) partes de los escaños de ambas Cámaras de la Legislatura.

El 1993 comenzaba con un Partido Popular mordiendo el polvo amargo de la derrota. La situación se agravó aún más cuando la candidata derrotada, senadora Victoria “Melo” Muñoz, renunció a la presidencia del partido y se desató una fuerte pugna por la sucesión. Derrotado, desmoralizado, endeudado, y ahora dividido en cuatro bandos en lucha por la presidencia, el PPD atravesaba en mayo de 1993 el momento de mayor vulnerabilidad de toda su historia.

Fue justamente entonces, en los primeros días de aquel mayo fatídico, que el gobernador Rosselló anunció su intención de celebrar un plebiscito sobre status en el mes de noviembre. Era obvio que él y su partido querían aprovechar la grave crisis interna del PPD para asestarles un tiro en la nuca al partido y al ELA. El plebiscito sería el instrumento que les permitiría matar esos dos pájaros de un tiro.

Contra viento y marea, y contra todos los pronósticos que todo el mundo hacía, en el plebiscito del 14 de noviembre de 1993 el ELA resultó triunfante con 826,votos (48.5%), frente a los 788,296 (46.4%) de la estadidad y los 75,620 (4.4%) de la independencia. El ELA se impuso en 5 de los 8 distritos senatoriales y en 55 de las 78 alcaldías. Votó el 73.5% del registro de electores, la participación electoral más alta de cualquier plebiscito o referéndum jamás celebrado en Puerto Rico.

Tras la derrota, en vez de obedecer la voluntad del pueblo, Rosselló puso inmediatamente en marcha su Plan B de status. Al ver que no podría obtener la estadidad por la vía de las urnas, porque no tenía los votos para respaldarla, Rosselló decidió que el PNP libraría la batalla por la estadidad en el Congreso y la Casa Blanca, por la vía de las influencias que podría hacer valer allí con los dineros de nuestro pueblo.

Para ejecutar ese plan maquiavélico de comprar la estadidad a precio de oro con la chequera del Estado Libre Asociado, Rosselló destacó en Washington a su secretario de la Gobernación, Álvaro Cifuentes. Él y el congresista republicano por Alaska Don Young fueron fichas clave en esa estrategia.

Young radicó en el Congreso varios proyectos de ley que eran todos variaciones sobre un mismo tema: cómo sacar el ELA de la papeleta electoral para obligarnos a escoger entre la estadidad y la independencia, las dos fórmulas de status que los puertorriqueños hemos rechazado consistentemente desde el primer plebiscito de 1967.

Incontables millones de dólares más tarde, idos a forrar los bolsillos de funcionarios, políticos y cabideros de toda índole, el 4 de marzo de 1998 el H.R. 856 fue puesto a votación en el Congreso. Tras una confusa votación, fue aprobado por un solo voto: 209 a favor y 208 en contra. Ese resultado representó la muerte del “Proyecto Young”, como se le conocía aquí.

A pesar de ese estrepitoso fracaso, Rosselló se empecinó en celebrar otro plebiscito el 13 de diciembre de ese mismo año. La dócil Legislatura PNP le legisló el plebiscito más marullero que podría imaginarse. Entre otras trampas, el nombre “Estado Libre Asociado” no aparecía por ningún lado en una papeleta que confrontaba al elector con cuatro opciones distintas con las que ningún estadolibrista podía identificarse.

Había una quinta opción: “Ninguna de las anteriores”. Asqueado por tanta trampa, el País votó por “Ninguna de las anteriores”, que obtuvo el 51.3% del total de sufragios emitidos.

Como el PNP no aprende, el 19 de mayo de 1999, el comisionado Pedro Pierluissi radicó el H.R. 2499, otra versión del Proyecto Young, que eliminaba al ELA de la papeleta de los plebiscitos de status que ese proyecto proponía. Una vez más, un gobierno penepeísta gastaba millones de dólares de la chequera del ELA para comprar la aprobación de esa otra trampa.

Pero no contaban con la astucia del representante Héctor Ferrer. El presidente del PPD convenció a la congresista Virginia Foxx (Republicana, representante por el Distrito 5 de Carolina del Norte) de la jaibería de ese proyecto. Cuando el H.R. 2499 fue llevado a votación, Foxx presentó una enmienda en el hemiciclo para que el ELA fuera incluido en la papeleta. La enmienda fue aprobada, y así, el H.R. 2499 murió sin que nadie lo llorara.

Como no aprenden, Fortuño y el PNP siguen dándole con la cabeza al seto con otro proyecto de plebiscito que saca al Estado Libre Asociado de la papeleta de votación. Le espera otra nueva derrota a su repugnante jaibería electoral.

¡A defender el Colegio el sábado!

In Celeste Benitez, Gobernador Luis Fortuño, politica, Politics, Puerto Rico on March 23, 2011 at 11:20 am

Por: Celeste Benítez

Pasado mañana, sábado 26 de marzo, el Colegio de Abogados celebra un radiomaratón para levantar fondos para financiar los altos costos de un pleito en el tribunal federal incoado por activistas de la estadidad para destruir esa ilustre institución. No podemos permitir que el gobernador Fortuño y el PNP se salgan con las suyas.

El ilustre Colegio de Abogados es la institución profesional más antigua de Puerto Rico. Fundada el 27 de junio de 1840, rindió valiosos servicios a la administración de la justicia y al fortalecimiento de la clase togada en Puerto Rico hasta la invasión norteamericana de 1898 y la subsiguiente imposición de un régimen militar en la Isla.

Con el cambio de soberanía, muchos abogados norteamericanos vinieron a la Isla, siguiendo la práctica de los “carpetbaggers” del Norte, quienes, después de la victoria de sus tropas en la Guerra Civil (1861-1865), se trasladaban al Sur buscando obtener una buena parte de los despojos de la guerra. El entonces secretario de Justicia del Gobierno Autonómico Juan Hernández López no permitió que esos togados ejercieran la profesión aquí, ya que no conocían nuestro idioma, ni nuestro Derecho, ni podrían, por esas razones, pasar el examen de reválida requerido para practicar aquí.

El gobernador militar, Gen. George W. Davis, les resolvió ese problema a los abogados americanos estableciendo el 27 de junio de 1899 la corte federal de Puerto Rico. No contento con esto, ordenó que a partir del 31 de agosto de 1899 sólo podrían practicar la abogacía en Puerto Rico quienes obtuvieran sus títulos en una universidad de Estados Unidos, exceptuando a quienes ya ejercían su profesión aquí.

En nuestros días, la hostilidad hacia el Colegio tiene una raíz ideológica: a los anexonistas les repugna todo lo que se desvíe, aunque sea un ápice, de prácticas generalizadas en los Estados Unidos, aún cuando esa desviación sea buena para Puerto Rico. Tampoco toleran cualquier organización que ellos no puedan controlar.

Y el Colegio de Abogados les ha resultado ser un hueso muy duro de roer. Siempre han intentado elegir un presidente estadista, pero nunca han tenido éxito. El más estrepitoso de esos fracasos se dio en el 1998, siendo gobernador Pedro Rosselló.

El gobierno penepeísta celebraba el centenario de la invasión norteamericana y se preparaba para llevar a cabo un plebiscito sobre el status en diciembre de ese año. Calentando los motores para ambos acontecimientos, los anexionistas se movilizaron para asaltar la presidencia del Collegio.

Postularon un candidato “oficial” que recibió toda la ayuda de la Administración Rosselló y de su partido. Numerosos funcionarios del gobierno presionaron a los abogados de sus agencias para asistir a la asamblea y votar por el candidato penepeísta. Algunos les proveyeron transportación a sus empleados y hasta se personaron allí para cerciorarse de que su gente seguía sus instrucciones. Esa fue la asamblea más concurrida de toda la historia del Colegio, y, una vez más, las fuerzas anexionistas resultaron derrotadas.

Como no pueden controlar el Colegio con los votos, ahora se aprestan a destruirlo. En enero de 2009, pasadas las elecciones que le dieron al PNP el control absoluto del gobierno, la Legislatura aprobó dos proyectos para eliminar la colegiación compulsoria que Luis Fortuño se apresuró a convertir en ley.

Como esa estrategia no les funcionó, porque el Colegio continúa existiendo, sus esfuerzos se mudaron a la corte federal para tratar de destruirlo por la vía económica.

Pero esa estrategia no es nueva. Ya en el 1994, bajo el gobierno de Rosselló, el licenciado Carlos A. Romero, hijo de Carlos Romero Barceló, radicó un pleito ante la corte federal, desde luego, impugnando que el Colegio utilizara parte de su cuota para pagar un seguro de vida, uno de los beneficios que la institución les ofrece a sus colegiados. En el 2002 la corte le ordenó al Colegio devolverle al hijo de Romero el monto correspondiente al seguro impugnado.

Pero eso todavía no era suficiente. En junio de 2006, tres abogados anexionistas radicaron el mismo pleito de Romero, hijo, pero esta vez alegando que ellos representaban a todos los abogados a quienes el Colegio seguía proveyendo el seguro a través del pago de la cuota. Bajo circunstancias irregulares, el juez federal Jaime Pieras certificó la clase y determinó que el Colegio tendría que devolver unos $4 millones a los abogados supuestamente afectados.

Pieras siempre fue un activista pro estadidad y le debe su nombramiento a las presiones que ejerció el entonces gobernador Romero Barceló ante el gobierno federal. Por problemas de salud de Pieras, el juicio está ahora en manos del juez José A. Fusté.

Cuando el presidente del Colegio, Osvaldo Toledo, intentó informarles a los colegiados de las gestiones que tendrían que hacer para salirse de la clase, si así lo deseaban, Fusté le impuso una mordaza y una multa por $10,000, so pena de cárcel. Gallardamente, Toledo se negó a obedecer una orden a todas luces injusta, y fue ingresado a la cárcel federal. Las condiciones inhóspitas de la cárcel afectaron su salud a tal grado, que su familia pagó de su propio peculio la multa impuesta para comprar su libertad tras cinco días de encierro.

Vean esto otro. El juez del Tribunal Supremo Efraín Rivera Pérez renunció a su cargo el 3 de junio de 2010. Cuatro semanas más tarde, Rivera asumió la presidencia de la “Puerto Rico Lawyers Association”, incorporada el 30 de junio de ese mismo año, que pretende agrupar a los abogados de la Isla. Eso no es otra cosa que una movida para atacar al Colegio desde otro frente. Poco después de su renuncia, Rivera fue nombrado “Monitor” de la Policía de Puerto Rico por Fortuño, con un contrato de $600,000 al año. ¡Qué extraña “coincidencia”!

El gobierno y el PNP de Luis Fortuño se valen de esas despreciables artimañas para destruir al Colegio de Abogados. Los puertorriqueños no podemos permitir que esos abusos continúen. Tenemos que respaldar y agradecer la valentía de Osvaldo Toledo y de nuestro Luis Gutiérrez, quien denunció los abusos de Fusté y de Fortuño ante el pleno del Congreso. ¡Todos al radiomaratón del sábado a la defensa del Colegio!

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