La Torre de la Universidad de Puerto Rico

Por Jesús Dávila

Los nuevos blancos en la contraofensiva del Estado tras la victoria de la huelga estudiantil son tratar de implantar que el pueblo y la prensa no tienen que tener acceso a los lugares públicos sino que basta con la difusión de información oficial y la Editorial de la Universidad de Puerto rico, paralizada luego del despido del setenta por ciento de sus trabajadores.

El caso de la editorial, sin embargo, reviste la doble gravedad de que la medida se tomó desde el primer día de julio de manera tan callada que apenas se conocen detalles, además de que se ha silenciado una de las principales casas editoriales de toda la región antillana con al menos treinta títulos el año pasado y que llegó a tener en su colección la primera traducción al castellano de la prosa de Edgar Allan Poe, hecha por el argentino Julio Cortázar.

Pero en ambos casos se trata todavía de agendas que apenas comienzan a cobrar forma y cuyos resultados todavía son inciertos. El tema de la redefinición de evento público como aquel sobre el cual se difunde información y no al que la gente tenga acceso libre está siendo impugnado ante el Tribunal Supremo, en tanto que la batalla por la editorial universitaria apenas comienza y el propio presidente de su junta, el publicista Angel Collado Schwartz, insiste en mantenerse en su puesto y en que la institución continúa operando.

Mientras tanto, al cierre de esta edición, todavía se aguardaba en el Palacio de Santa Catalina, sede de la gobernación, la medida ya aprobada por las cámaras legislativas para quitarle a los consejos estudiantiles de la Universidad de Puerto Rico los derechos constitucionales de libertad de asamblea y expresión. Esa ley implantaría el sistema de referendo electrónico para cada decisión o expresión del gobierno estudiantil y una fuente del oficialista Partido Nuevo Progresista ha adelantado que se busca ensayar un sistema que pueda ser usado a escala nacional en sustitución del derecho de asamblea, que se considera anticuado.

El sigiloso drama sobre la editorial comenzó al cerrar el año fiscal el pasado 30 de junio, cuando no fueron renovados los contratos de la inmensa mayoría de los trabajadores de la empresa universitaria. Desde entonces, se ha mantenido en el edificio un pequeño grupo de empleados y la producción de libros nuevos está prácticamente paralizada mientras su página de internet advierte que no se tramitan compras porque se está llevando a cabo un supuesto inventario.

La paralización de la editorial ocurre a pesar de que el Gobierno asegura que la UPR tiene una gran deficiencia de recursos económicos y necesita de manera urgente aumentar sus ingresos propios, para lo cual se han impuesto recortes fuertes en sus gastos y se planifica un nuevo aumento en el pago de matrícula para el segundo semestre 2010-2011. Pero tiene el corolario de reducir el ámbito de la libertad de cátedra, ya que los profesores que tengan que enviar sus propuestas de textos a editoriales privadas no podrían reclamar las mismas garantías constitucionales para sus manuscritos.

Pero si bien el tema de los libros, para una población estudiantil universitaria de poco más de 65,000, tiene mucho que ver con la administración de la libertad, el de la nueva definición de lo que es “público” cubre a toda esta nación caribeña de cuatro millones de habitantes en su territorio. Al ser Puerto Rico una colonia de Estados Unidos, la determinación que se tome al respecto podría tener repercusiones más allá del mar que rodea este país isleño.

El centro de la controversia es el reclamo del Presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, de que le asiste el derecho de prohibir el acceso, tanto a las gradas como al palco de prensa, para llevar a cabo las sesiones legislativas a puerta cerrada. Su abogado, Charlie Rodríguez, argumentó ante el tribunal que no existe jurisprudencia que especifique qué quiere decir el mandato constitucional de que las sesiones legislativas “serán públicas” y que está bajo cuestionamiento “qué es público”.

Según el abogado y ex presidente también del Senado, basta con que las sesiones se transmitan por televisión e internet y que se mantenga un diario de sesiones para que se cumpla el requisito constitucional, aunque la gente no pueda entrar.

Ya esa política de restricción del acceso al público y a la prensa dejó el saldo de decenas de heridos y daños a la propiedad cuando un contingente de cerca de cien efectivos de las unidades antimotines, caballos y un helicóptero arremetieron a macanazos y gases lacrimógenos contra manifestantes que acudieron al Capitolio a reclamar el acceso vedado. Ante la marejada de críticas y ataques por el operativo, el propio Gobierno de Puerto Rico ha anunciado que tramita ayuda de la Policía de Nueva York a fin de preparar mejor a la Policía nacional.

Esa acción policial, que arrasó con una manifestación convocada por estudiantes universitarios, provocó también un inusitado llamado conjunto a la protesta cívica encabezado por el Colegio de Abogados que cuenta con el respaldo del Partido Popular Democrático, principal de la oposición, y del pequeño aunque influyente Partido Independentista Puertorriqueño. Pero se trata de una convocatoria que excede a la institucionalidad política electoral y en la misma participan –entre otros- el Movimiento al Socialismo, el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano, así como diversos grupos cívicos y políticos, y hasta la Iglesia.

A principios del establecimiento del régimen autonomista denominado Estado Libre Asociado, EEUU utilizó a Puerto Rico como modelo ejemplarizante de democracia para los países de América Latina. Ahora, en momentos en que sigue pendiente la promesa del Presidente Barack Obama de resolver este cuatrienio el viejo caso colonial puertorriqueño, el tema de la manera democrática de gobernar vuelve a estar sobre la mesa, pero desde un punto de vista distinto.

De hecho, Rivera Schatz imputa al Presidente Obama no haber cumplido su palabra empeñada a Puerto Rico.

Publicado orginalmente en ArgenPress.