Por:  Celeste Benítez

La estrategia que sigue el gobierno de Luis Fortuño en su afán por destruir al Puerto Rico tal como lo conocemos es atosigarnos una crisis y un escándalo tras otro.  El PNP mantiene al País en un estado de agitación perenne y de indignación constante: con ello tratan de embotar nuestra sensibilidad moral al convertir la crisis y el escándalo en el pan nuestro de cada día.

En los pasados días hemos visto al monstruo de dos cabezas de la UPR –Presidente y Junta de Síndicos– convertir una vez más los procesos de consulta universitarios en una cínica burla, al nombrar a una rectora del Recinto de Río Piedras que fue rechazada de plano por todos los componentes de la comunidad académica.  El mensaje es, “¡Aquí mandamos nosotros, y punto!”.

Aún no habíamos asimilado ese golpe, cuando el gobierno de Fortuño nos castigó con una nueva fechoría.  El pasado 30 de octubre, en una Noche de Brujas del peor gusto, esa Administración bautizó con bombos y platillos el Centro de Convenciones de Puerto Rico con el nombre del ex gobernador Pedro Rosselló.

Premiar de esa manera a un político que denigró en múltiples ocasiones el cargo que ostentaba, que hizo trizas las finanzas gubernamentales, que presidió el gobierno más corrupto de toda la historia de Puerto Rico y que trató por medios fraudulentos de apropiarse de una “pensión Cadillac” a la que no tenía derecho, es otra ofensa viciosa al pueblo de Puerto Rico.  ¡Qué clase de ejemplos le está dando el PNP a nuestras juventudes! Y luego se lamentan de la “crisis moral” que está arropando al País…

Ahora nos endilgan el asalto descarado al Tribunal Supremo que Fortuño está a punto de perpetrar.  Añadir dos jueces más a nuestro más alto foro judicial no se justifica de manera alguna: no hay un ataponamiento de casos pendientes; no hay espacio físico para acomodar dos nuevos jueces en las instalaciones del TS; no hay dinero para pagar los salarios del nuevo personal; no hay absolutamente nada –¡nada!–, en la experiencia histórica del Tribunal que justifique ese aumento.

Lo que hay es la intención perversa de convertir el Tribunal Supremo a perpetuidad en otro comité de barrio del Partido Nuevo Progresista: un organismo al servicio incondicional de los intereses políticos del partido.  Ya lo había anticipado el ex senador Jorge de Castro Font cuando ocupaba el cargo de portavoz de la Mayoría del Senado PNP el cuatrienio pasado.

De Castro Font le advirtió al entonces gobernador Aníbal Acevedo Vilá que no se molestara en nominar candidatos para cubrir las vacantes existentes en el Tribunal Supremo, porque el PNP planeaba “darse un banquete” con ellas.  Pues bien, “el banquete del PNP” ha resultado ser la indigestión del País, y esa comilona les costará caro en las elecciones del 2012.

Total, con los cuatro jueces nombrados por Fortuño, ya el PNP hace lo que le da la gana en el Alto Foro.  No necesitan dos votos más para nada.

Sólo tres ejemplos: En el caso Yiyi Motors vs. ELA, el juez Rafael Martínez Torres estableció la pauta política, al decir que el cambio en la filosofía jurídica del Tribunal es “el flujo normal de la marea judicial en una democracia, producto indirecto del mandato del pueblo donde corresponde, en las urnas.”  O sea, que no existe tal cosa como una justicia imparcial, porque la toga del juez se tiene que teñir del color del partido que gana las elecciones.

Ese mismo juez,  en el caso Suárez Cáceres vs. ELA, donde se discutía a quién le pertenecía un escaño del PPD, trajo por los pelos el caso de Sánchez Vilella y Colón Martínez vs. ELA para revocarlo.  Con ello, el Tribunal Fortuño eliminó la posibilidad de que pueda existir una Quinta Columna en un referéndum.  Adivine el lector por qué y para qué hicieron eso…

De paso, resolvieron también que los votos “write-in”, en blanco, protestados, o votos por personajes ficticios no cuentan.  Así, el Tribunal Fortuño le resta poder y peso al voto de los puertorriqueños, asestándole otro golpe más a la democracia.

En Domínguez Castro vs. ELA el Tribunal Fortuño sostuvo la constitucionalidad de la infame Ley 7 y el despido de miles de empleados públicos, a quienes se les privó, no sólo de empleo, sino también de derechos adquiridos.

¿Para qué necesita el PNP dos votos más, si los cuatro de Fortuño bastan y sobran para hacer todo el daño que quieran?

Pero ese infame asalto al Tribunal Supremo todavía no se había consumado, cuando la semana pasada se supo que uno de los narcotraficantes arrestados en Ponce en una redada del FBI es nada menos que un ayudante del senador Tomás Rivera Schatz.

José “Pepín” Gómez Zaldo, el individuo arrestado, trabajaba en la Presidencia del Senado.  De allí solicitó traslado a Ponce, a una “oficina distrital” de Rivera Schatz en la Alcaldía, para llevar a cabo favores políticos.  El FBI alega que Gómez Zaldo gestionó permisos de uso para negocios de los jefes de la narcopandilla a la que pertenece.

Allí se lavaba el dinero producto de la venta y distribución de más de 1,500 kilos de cocaína, traídos de contrabando de otras islas del Caribe.  Además, “Pepín” alegadamente participaba en el empaque, distribución y venta de la droga.

Una vez más se vincula a un legislador del PNP con el narcotráfico en Puerto Rico, esta vez nada menos que el presidente del Senado.

En este cuatrienio hemos visto cómo líderes del PNP han tenido estrechos vínculos con figuras del mundo de la droga, sin que esas relaciones se hayan investigado adecuadamente.  Así, el representante Antonio “Toñito” Silva fungió como protector y “consejero” del peligroso narcotraficante José David “Junior Cápsula” Figueroa Agosto desde antes de su arresto y mientras éste estuvo preso en el “Oso Blanco”, de donde se fugó con sorprendente facilidad.

Los senadores del PNP por el distrito de Carolina, Lornna Soto y Héctor Martínez, eran grandes “amigos” del difunto José “Coquito” López, el notorio narcotraficante del Residencial Torres de Sabana, de Carolina y “ayudante” del senador Martínez.

¿Qué está pasando aquí?  Volveremos sobre este asunto en una próxima columna.