Por:  Celeste Benítez

La estrategia que sigue el gobierno de Luis Fortuño en su afán por destruir al Puerto Rico tal como lo conocemos es atosigarnos una crisis y un escándalo tras otro.  El PNP mantiene al País en un estado de agitación perenne y de indignación constante: con ello tratan de embotar nuestra sensibilidad moral al convertir la crisis y el escándalo en el pan nuestro de cada día.

En los pasados días hemos visto al monstruo de dos cabezas de la UPR –Presidente y Junta de Síndicos– convertir una vez más los procesos de consulta universitarios en una cínica burla, al nombrar a una rectora del Recinto de Río Piedras que fue rechazada de plano por todos los componentes de la comunidad académica.  El mensaje es, “¡Aquí mandamos nosotros, y punto!”.

Aún no habíamos asimilado ese golpe, cuando el gobierno de Fortuño nos castigó con una nueva fechoría.  El pasado 30 de octubre, en una Noche de Brujas del peor gusto, esa Administración bautizó con bombos y platillos el Centro de Convenciones de Puerto Rico con el nombre del ex gobernador Pedro Rosselló.

Premiar de esa manera a un político que denigró en múltiples ocasiones el cargo que ostentaba, que hizo trizas las finanzas gubernamentales, que presidió el gobierno más corrupto de toda la historia de Puerto Rico y que trató por medios fraudulentos de apropiarse de una “pensión Cadillac” a la que no tenía derecho, es otra ofensa viciosa al pueblo de Puerto Rico.  ¡Qué clase de ejemplos le está dando el PNP a nuestras juventudes! Y luego se lamentan de la “crisis moral” que está arropando al País…

Ahora nos endilgan el asalto descarado al Tribunal Supremo que Fortuño está a punto de perpetrar.  Añadir dos jueces más a nuestro más alto foro judicial no se justifica de manera alguna: no hay un ataponamiento de casos pendientes; no hay espacio físico para acomodar dos nuevos jueces en las instalaciones del TS; no hay dinero para pagar los salarios del nuevo personal; no hay absolutamente nada –¡nada!–, en la experiencia histórica del Tribunal que justifique ese aumento.

Lo que hay es la intención perversa de convertir el Tribunal Supremo a perpetuidad en otro comité de barrio del Partido Nuevo Progresista: un organismo al servicio incondicional de los intereses políticos del partido.  Ya lo había anticipado el ex senador Jorge de Castro Font cuando ocupaba el cargo de portavoz de la Mayoría del Senado PNP el cuatrienio pasado.

De Castro Font le advirtió al entonces gobernador Aníbal Acevedo Vilá que no se molestara en nominar candidatos para cubrir las vacantes existentes en el Tribunal Supremo, porque el PNP planeaba “darse un banquete” con ellas.  Pues bien, “el banquete del PNP” ha resultado ser la indigestión del País, y esa comilona les costará caro en las elecciones del 2012.

Total, con los cuatro jueces nombrados por Fortuño, ya el PNP hace lo que le da la gana en el Alto Foro.  No necesitan dos votos más para nada.

Sólo tres ejemplos: En el caso Yiyi Motors vs. ELA, el juez Rafael Martínez Torres estableció la pauta política, al decir que el cambio en la filosofía jurídica del Tribunal es “el flujo normal de la marea judicial en una democracia, producto indirecto del mandato del pueblo donde corresponde, en las urnas.”  O sea, que no existe tal cosa como una justicia imparcial, porque la toga del juez se tiene que teñir del color del partido que gana las elecciones.

Ese mismo juez,  en el caso Suárez Cáceres vs. ELA, donde se discutía a quién le pertenecía un escaño del PPD, trajo por los pelos el caso de Sánchez Vilella y Colón Martínez vs. ELA para revocarlo.  Con ello, el Tribunal Fortuño eliminó la posibilidad de que pueda existir una Quinta Columna en un referéndum.  Adivine el lector por qué y para qué hicieron eso…

De paso, resolvieron también que los votos “write-in”, en blanco, protestados, o votos por personajes ficticios no cuentan.  Así, el Tribunal Fortuño le resta poder y peso al voto de los puertorriqueños, asestándole otro golpe más a la democracia.

En Domínguez Castro vs. ELA el Tribunal Fortuño sostuvo la constitucionalidad de la infame Ley 7 y el despido de miles de empleados públicos, a quienes se les privó, no sólo de empleo, sino también de derechos adquiridos.

¿Para qué necesita el PNP dos votos más, si los cuatro de Fortuño bastan y sobran para hacer todo el daño que quieran?

Pero ese infame asalto al Tribunal Supremo todavía no se había consumado, cuando la semana pasada se supo que uno de los narcotraficantes arrestados en Ponce en una redada del FBI es nada menos que un ayudante del senador Tomás Rivera Schatz.

José “Pepín” Gómez Zaldo, el individuo arrestado, trabajaba en la Presidencia del Senado.  De allí solicitó traslado a Ponce, a una “oficina distrital” de Rivera Schatz en la Alcaldía, para llevar a cabo favores políticos.  El FBI alega que Gómez Zaldo gestionó permisos de uso para negocios de los jefes de la narcopandilla a la que pertenece.

Allí se lavaba el dinero producto de la venta y distribución de más de 1,500 kilos de cocaína, traídos de contrabando de otras islas del Caribe.  Además, “Pepín” alegadamente participaba en el empaque, distribución y venta de la droga.

Una vez más se vincula a un legislador del PNP con el narcotráfico en Puerto Rico, esta vez nada menos que el presidente del Senado.

En este cuatrienio hemos visto cómo líderes del PNP han tenido estrechos vínculos con figuras del mundo de la droga, sin que esas relaciones se hayan investigado adecuadamente.  Así, el representante Antonio “Toñito” Silva fungió como protector y “consejero” del peligroso narcotraficante José David “Junior Cápsula” Figueroa Agosto desde antes de su arresto y mientras éste estuvo preso en el “Oso Blanco”, de donde se fugó con sorprendente facilidad.

Los senadores del PNP por el distrito de Carolina, Lornna Soto y Héctor Martínez, eran grandes “amigos” del difunto José “Coquito” López, el notorio narcotraficante del Residencial Torres de Sabana, de Carolina y “ayudante” del senador Martínez.

¿Qué está pasando aquí?  Volveremos sobre este asunto en una próxima columna.

Por:  Celeste Benítez

El fundamentalismo religioso y político es una de las grandes calamidades de nuestro tiempo.  En el terreno religioso, tenemos fundamentalistas islámicos y fundamentalistas cristianos.  Se trata de grupos que insisten en una interpretación literal del Corán o de la Biblia.

Para ellos, esos textos de origen divino representan la verdad y la autoridad moral máxima, valores que deben imponerse sobre cualquier autoridad humana.  Ese fundamentalismo conduce inexorablemente al fanatismo.  La más clara expresión de ese tipo de extremismo es la “yihad”, o “guerra santa” que libran algunos sectores islámicos contra la cultura laicista occidental en tantas partes del mundo en nuestros días.

En Puerto Rico, junto al fundamentalismo religioso se da el fundamentalismo político.   Éste eleva el “ideal” de status de cada partido a la categoría de un fin absoluto, que justifica cualquier medio que se utilice para convertirlo en una realidad.  De nuestros tres partidos tradicionales, el PNP es el que más claramente ilustra esta tendencia.

Para los estadistas, cualquier cosa que se haga para arrastrar a Puerto Rico hacia la estadidad, está bien hecha.  El “ideal” así lo exige y así lo justifica.  No importa la magnitud del daño que se le inflija al País en el proceso: si la acción que se toma “acerca” a Puerto Rico hacia la estadidad, está bien hecha.

Los fundamentalistas de la estadidad idolatran a Estados Unidos y hacen todo lo posible por acrecentar el poder que ese país ejerce sobre  nosotros.  Para ellos, continúa teniendo vigencia en el 2010 la recomendación que hiciera el cónsul de Estados Unidos en Puerto Rico, Phillip C. Hanna, en un informe oficial con fecha de 25 de noviembre de 1898.

Con la Isla ya en manos del ejército invasor, el cónsul le recomienda a su gobierno adoptar la siguiente política:

“…lo mejor para esta Isla es que todo lo español sea totalmente cambiado, la forma de gobierno español, el Derecho español, los tribunales españoles… las costumbres españolas, el sistema de educación español… las supersticiones españolas y yo espero también que el idioma español sea cosa del pasado en la Isla.”

Esa política de transculturación a la brava estaba encaminada a que los puertorriqueños rechazáramos la cultura, las costumbres, los valores y el idioma propios nuestros para sustituirlos con las formas de cultura de Estados Unidos.

Con un ejemplar instinto de supervivencia espiritual y cultural, los boricuas luchamos contra esa política de transculturación a la trágala a lo largo de todo el Siglo XX.  Sin embargo, esa política de transculturación está tan viva en el ánimo de los fundamentalistas de la estadidad en el 2010 como lo estuvo en el ánimo de Hanna y sus sucesores en el 1898.

El proyecto radicado por la senadora Melinda Romero para prohibir las peleas de gallos en Puerto Rico es el ejemplo más reciente de ese intento enfermizo por aniquilar todo lo que nos hace diferentes a los 50 estados de la Unión norteamericana para asimilarnos más y más a la cultura de allá.

Como tantas de las maquinaciones de los fundamentalistas de la estadidad, ese proyecto es un gigantesco salto atrás a los peores momentos del coloniaje norteamericano.  Lo primero que hicieron nuestros nuevos amos tan pronto asumieron el control del gobierno de la Isla fue cambiarnos el nombre.  Así, de golpe y porrazo nos convirtieron en “Porto Rico”, para reafirmar su control sobre nosotros.

Como parte de ese proceso de intervenir en las costumbres  de los puertorriqueños, los americanos prohibieron las peleas de gallos en el País.  Pero nuestra gente se comportaba como el inmortal jíbaro de Luis Lloréns Torres: le decían “¡Unjú!” a los cantos de sirena de los pitiyanquis y luego hacían lo que les daba la gana.

Así, las peleas de gallos continuaron en el clandestinaje, como si nada.  Tuvo que intervenir un gran amante del deporte de los gallos para acabar con esa locura.  Como presidente del Partido Unión Republicana y presidente del Senado bajo la Coalición en la década de 1930, Rafael Martínez Nadal creó legislación para legalizar las peleas de gallos en la Isla.

Ahora, una descendiente política suya, la senadora Romero, quiere hacer retroceder a Puerto Rico a los peores años de la colonia norteamericana.  No le importa nada que las peleas de gallos sean legales en las Islas Vírgenes, en Guam, en Samoa y en las Islas Marianas del Norte.  No le importa que ese deporte mueva millones de dólares en nuestra economía; no le importa que ese proyecto ponga en riesgo los empleos de miles de puertorriqueños que se ganan la vida honradamente en las distintas actividades que ese deporte genera.

No: nada de eso importa nada.  Lo importante es meter a Puerto Rico desde ahora en la camisa de fuerza de la estadidad.

Volveré sobre este tema en un futuro artículo, porque hay muchas instancias más del fundamentalismo de la estadidad y del daño que esas actitudes le hacen al País.  Por hoy sólo quiero terminar recordándoles a los fundamentalistas de la estadidad que intentan atosigarnos el inglés por ojo, boca y nariz, las inolvidables palabras de Pablo Neruda:

“Qué buen idioma el mío, qué buena lengua heredamos de los conquistadores torvos…  Éstos andaban a zancadas por las tremendas cordilleras, por las Américas encrespadas, buscando patatas, butifarras, frijolitos, tabaco negro, oro, maíz, huevos fritos, con aquel apetito voraz que nunca más se ha visto en el mundo…

Todo se lo tragaban, con religiones, pirámides, tribus, idolatrías iguales a las que ellos traían en sus grandes bolsas…  Por donde pasaban quedaba arrasada la tierra…  Pero a los bárbaros se les caían de las botas, de las barbas, de los yelmos, de las herraduras, como piedrecitas, las palabras luminosas que se quedaron aquí resplandecientes… el idioma.

Salimos perdiendo…  Salimos ganando…  Se llevaron el oro y nos dejaron el oro.  Se lo llevaron todo y nos dejaron todo…  Nos dejaron las palabras.”