Por Celeste Benítez

El pasado 25 de agosto, el representante Betito Márquez García (PNP, Bayamón, Dto. 10) publicó un artículo en estas páginas sobre la municipalización de la educación.  Citó argumentos a favor y en contra de esa propuesta, pero la posición que asumió ante ella es que él no está ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario.

Aparentemente, el legislador no tiene una opinión formada sobre la municipalización de las escuelas públicas, que algunos de sus colegas han propuesto como solución al caos imperante en el Departamento de Educación.  Espero que finalmente Márquez se convenza de que ése no es el remedio que requieren los muchos males de la educación pública puertorriqueña.

El más grave problema que tiene el Departamento es la politización extrema que consume el tiempo y las energías de sus dirigentes, así como los recursos de la Agencia.  Esa politización extrema comenzó en el 1977 bajo Carlos Romero Barceló y su secretario de Educación, Carlos Chardón.  Pronto se convirtió en una enfermedad endémica, que finalmente degeneró en la corrupción rampante sobre la que presidieron el secretario Víctor Fajardo y su gobernador, Pedro Roselló.

Pero aún después de encarcelado Fajardo, el latrocinio político que él había organizado probó tener unas raíces tan poderosas y tan profundas que sus sucesores no han podido erradicarlo del todo.  Así, la politización sigue siendo el principal escollo para la rehabilitación del Departamento de Educación.

Poner a los alcaldes a administrar las escuelas públicas del País (una de las variantes de la municipalización) agravaría grandemente el principal problema de nuestro Sistema público de educación.  Nombrar el personal de las escuelas del municipio y disponer del presupuesto adicional que el gobierno central tendría que asignarle al alcalde para atender las necesidades de los planteles bajo su jurisdicción concentraría demasiado poder en manos del ejecutivo municipal.

Pocos alcaldes serían capaces de resistir la tentación de utlizar ese vasto poder en beneficio propio y/o de su partido, en detrimento de la calidad de la educación de sus compueblanos. Crear una situación tan dañina como ésa no sería justo ni sabio, ni para el ejecutivo municipal, ni para sus gobernados.

Habría que preguntarse, además, ¿cuántos de nuestros 78 municipios estarían hoy preparados para asumir esa seria responsabilidad?  A juzgar sólo por su salud fiscal, tendríamos que contestar enfáticamente, “¡Ninguno!”.  Recordemos que la gran mayoría de nuestras alcaldías opera con serios déficits, y que hay muchas que están ya al borde de la quiebra.

Por otra parte, ese modelo fomentaría la desigualdad de oportunidades educativas para nuestra gente. Los municipios más pequeños y más pobres tendrían menos recursos para atender sus poblaciones, y ello daría al traste con el mandato de la Constitución del ELA: “Toda persona tiene derecho a una educación que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto por los derechos del hombre y de las libertades fundamentales”.

La municipalización sería una amenaza a esa igualdad de oportunidades educativas que ordena nuestra Consitución y a la que todos aspiramos.

Por otra parte, una de las ventajas que el representante Márquez le ve  la municipalización es que diversas variantes de ese modelo ya existen en los Estados Unidos.  Pero precisamente ése es el problema: el sistema de educación elemental y secundaria norteamericano no es bueno.

En los Estados Unidos se da la paradoja de que tienen el mejor sistema universitario del mundo, pero un sistema mediocre de educación elemental y secundaria.  En todos los estudios que buscan identificar las mejores universidades a nivel mundial, Estados Unidos usualmente ocupa los primeros puestos.  Por ejemplo, en el “Times Higher Education Supplement” de 2006, universidades estadounidenses coparon siete (7) de los primeros diez (10) puestos.

Sin embargo, en el nivel de educación elemental y secundaria (K-12), los resultados de las escuelas de Estados Unidos son invariablemente mediocres.  Veamos un solo ejemplo.

La Organización para Cooperación y Desarrollo Económico (OECD, por sus siglas en inglés), fundada en el 1948, cuenta entre sus 32 miembros a los países más ricos del mundo.  La OECD auspicia el Programa Internacional para Evaluación de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés), que administra cada tres años unas pruebas a estudiantes de 15 años de edad en un total de 41 países participantes.

Se trata de determinar si esos jóvenes han adquirido los conocimientos y habilidades necesarios para desempeñarse exitosamente en la sociedad del saber.  Así,  PISA evalúa la eficacia de los sistemas educativos de los países participantes.

Los resultados de Estados Unidos en las pruebas PISA son preocupantes.  En las pruebas de Matemáticas del año 2000, EEUU ocupó el lugar 19 del total de 41 participantes; en el 2003, 24 de 41; en 2006, 25 de 41.  En Lectura, en los años 2000 y 2003, EEUU ocupó el lugar 15 de 41.  En Ciencias Naturales, en el 2000, ocupó el lugar 14 de 41, y en el 2006, bajó a 21 de 41.

Los países más consistentemente exitosos en las pruebas PISA son Finlandia, Japón, Canadá, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Australia y Hong Kong.

Si los puertorriqueños de veras queremos mejorar nuestro Sistema Educativo, tenemos que quitarnos las gríngolas que nos obligan a mirar exclusivamente hacia Estados Unidos como modelo.  Tenemos que empezar a mirar seriamente hacia el resto del mundo, en esta sociedad globalizada de la que somos parte.

Salvar a la escuela pública puertorriqueña y a la Universidad de Puerto Rico es una tarea ingente.  Ello va a requerir el concurso de nuestras mejores cabezas, de los profesores, de los estudiantes, de sus padres, de los sindicatos, de las organizaciones profesionales y cívicas, y de todo el País, fuera de banderías políticas.

Para ello hay que mirar hacia los mejores sistemas educativos del mundo, y apuntar hacia las estrellas.