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Egipto y nuestra Universidad

In Celeste Benitez, Derechos Civiles, Estudiantes on February 15, 2011 at 7:32 pm

Por: Celeste Benítez

El mundo entero siguió con una mezcla de temor y de esperanza los 18 días que duró la revolución pacífica en Egipto que finalmente terminó con treinta años de la dictadura corrupta presidida por Hosni Mubarak. La renuncia del “faraón” de nuestros días nos llenó de una enorme alegría a todos los que seguíamos la noticia, al presenciar el triunfo de la valentía de un pueblo oprimido sobre la fuerza bruta de un gobierno abusador.

Curiosamente, la noticia de la renuncia de Mubarak a la presidencia de Egipto se dio el mismo día que la renuncia del doctor José Ramón de la Torre a la presidencia de la Universidad de Puerto Rico. Se trata de dos renuncias muy diferentes, pero también muy similares, que requieren un breve comentario.

El detonante de ambas renuncias fue la valentía de una juventud dispuesta a asumir los riesgos de combatir un régimen antidemocrático. En el caso de Egipto, después de treinta años de dictadura, la lista de agravios contra el régimen de Mubarak era impresionante. En nuestra Universidad se trata de defender derechos garantizados por nuestra Constitución que tienen que ser respetados por un gobierno que dice ser democrático, pero que en la práctica resulta ser todo lo contrario.

En Egipto, un joven ejecutivo de Google encendió la mecha de la revolución, convocando a protestas contra el régimen a través de internet. A la respuesta entusiasta de otros jóvenes como él se unieron numerosos sectores de la población, hasta convertirse en un movimiento de masas imparable que logró lo que hasta entonces parecía impensable: sacar del poder a Mubarak, la cabeza de un régimen corrupto y opresor.

En la UPR, los jóvenes estudiantes son los protagonistas de una lucha por tener una educación universitaria de excelencia, accesible a todos los sectores de nuestra sociedad, y por que se les reconozca una participación efectiva en el gobierno institucional.

En el proceso, los estudiantes nos han dado cátedra al resto del País de una valentía ejemplar. En un País como el nuestro, donde hay tanta gente muerta del miedo, donde muy pocos se atreven a disentir abiertamente, donde reina un silencio ominoso frente a los abusos de la Administración Fortuño, la entereza de los líderes estudiantiles es el tipo de conducta que el resto del País debe imitar. Más que estudiantes, ellos se han convertido en maestros de gallardía y dignidad.

Y al hablar de líderes estudiantiles tenemos que destacar el rol tan activo y tan honroso que las mujeres han desempeñado en estas luchas universitarias.

Las jóvenes han estado en primera fila, hombro con hombro con sus compañeros varones como elocuentes portavoces, enfrentando sin miedo los macanazos, los insultos, las agresiones sexuales, el gas pimienta, los gases lacrimógenos, los monstruos de la Guardia de Choque, los caballos de la guardia montada, las armas largas, los francotiradores, los vehículos blindados, en fin, todo el arsenal represivo que Fortuño y Figueroa Sancha les han tirado encima para tratar, sin éxito, de acallar sus voces.

Y ante tantos abusos, los estudiantes se han mantenido firmes en sus reclamos, fieles al himno de la UPR: “Da gloria al luchador,/ honra de la Universidad.” ¡Que vivan los estudiantes!

Al igual que los jóvenes egipcios que encendieron la mecha de la rebeldía a través de internet, los jóvenes universitarios nuestros han hecho un uso sumamente efectivo de las redes sociales. Gracias a ellas, los estudiantes han documentado las distintas etapas del conflicto, han presentado su versión de los hechos y han publicado sus diversas propuestas para resolver los problemas de la institución. En las artes de la comunicación, nuestros estudiantes han dado cátedra de inteligencia y creatividad.

A diferencia de la renuncia de Mubarak, la renuncia de De la Torre no significa gran cosa. Nuestro ex presidente no presidía nada: él era simplemente un muchachito de mandado de La Fortaleza y de Ygrí Rivera. Cuando su desprestigio llegó a tal grado que ya no les resultaba útil, sus amos lo desecharon sin miramientos de clase alguna. Al fin y al cabo, ése es el destino de todos los mercenarios que en el mundo han sido.

Igual que la renuncia de Mubarak, la salida del presidente de la UPR debe dar paso a una transición hacia una Universidad más democrática, con una mayor participación en el gobierno de la institución por parte de estudiantes, profesores y personal no docente, y de una mayor transparencia en sus procesos administrativos.

Esa nueva universidad deberá ofrecer a sus estudiantes una formación de la más alta calidad, con niveles de exigencia cada vez más altos, con unos claustrales que vivan una verdadera vocación universitaria, con unos empleados productivos, bien pagados y bien supervisados, comprometidos todos a hacer de la Universidad de Puerto Rico la institución más importante del País y la forja de un mejor futuro para todos los puertorriqueños.

Para hacer realidad un nuevo comienzo, es necesario que Ygrí Rivera también renuncie a la presidencia de la Junta de Síndicos. Ella ha demostrado carecer del temperamento ecuánime y conciliador que ese cargo requiere. Siempre ha estado más pendiente de adelantar los intereses del Partido Nuevo Progresista en detrimento de los intereses de la Universidad, intereses éstos que, como presidenta de la Junta, ella venía llamada a defender por encima de todo.

Rivera ha sido cómplice de todas las múltiples maneras en que la Administración Fortuño y su Legislatura han vulnerado la autonomía universitaria, hasta prácticamente hacerla desaparecer. Y como si todo lo anterior no fuera razón suficiente para incapacitarla como presidenta, ella ha insistido en la ocupación policíaca de la Universidad y rechazado todos los intentos de devolver los agentes a sus cuarteles.

Como Mubarak, Ygrí Rivera también tiene que irse.

Gobierno de Puerto Rico Arremete contra la producción de libros

In Estudiantes, libros, politica, Puerto Rico, Universidad de Puerto Rico on July 15, 2010 at 5:11 pm
La Torre de la Universidad de Puerto Rico

La Torre de la Universidad de Puerto Rico

Por Jesús Dávila

Los nuevos blancos en la contraofensiva del Estado tras la victoria de la huelga estudiantil son tratar de implantar que el pueblo y la prensa no tienen que tener acceso a los lugares públicos sino que basta con la difusión de información oficial y la Editorial de la Universidad de Puerto rico, paralizada luego del despido del setenta por ciento de sus trabajadores.

El caso de la editorial, sin embargo, reviste la doble gravedad de que la medida se tomó desde el primer día de julio de manera tan callada que apenas se conocen detalles, además de que se ha silenciado una de las principales casas editoriales de toda la región antillana con al menos treinta títulos el año pasado y que llegó a tener en su colección la primera traducción al castellano de la prosa de Edgar Allan Poe, hecha por el argentino Julio Cortázar.

Pero en ambos casos se trata todavía de agendas que apenas comienzan a cobrar forma y cuyos resultados todavía son inciertos. El tema de la redefinición de evento público como aquel sobre el cual se difunde información y no al que la gente tenga acceso libre está siendo impugnado ante el Tribunal Supremo, en tanto que la batalla por la editorial universitaria apenas comienza y el propio presidente de su junta, el publicista Angel Collado Schwartz, insiste en mantenerse en su puesto y en que la institución continúa operando.

Mientras tanto, al cierre de esta edición, todavía se aguardaba en el Palacio de Santa Catalina, sede de la gobernación, la medida ya aprobada por las cámaras legislativas para quitarle a los consejos estudiantiles de la Universidad de Puerto Rico los derechos constitucionales de libertad de asamblea y expresión. Esa ley implantaría el sistema de referendo electrónico para cada decisión o expresión del gobierno estudiantil y una fuente del oficialista Partido Nuevo Progresista ha adelantado que se busca ensayar un sistema que pueda ser usado a escala nacional en sustitución del derecho de asamblea, que se considera anticuado.

El sigiloso drama sobre la editorial comenzó al cerrar el año fiscal el pasado 30 de junio, cuando no fueron renovados los contratos de la inmensa mayoría de los trabajadores de la empresa universitaria. Desde entonces, se ha mantenido en el edificio un pequeño grupo de empleados y la producción de libros nuevos está prácticamente paralizada mientras su página de internet advierte que no se tramitan compras porque se está llevando a cabo un supuesto inventario.

La paralización de la editorial ocurre a pesar de que el Gobierno asegura que la UPR tiene una gran deficiencia de recursos económicos y necesita de manera urgente aumentar sus ingresos propios, para lo cual se han impuesto recortes fuertes en sus gastos y se planifica un nuevo aumento en el pago de matrícula para el segundo semestre 2010-2011. Pero tiene el corolario de reducir el ámbito de la libertad de cátedra, ya que los profesores que tengan que enviar sus propuestas de textos a editoriales privadas no podrían reclamar las mismas garantías constitucionales para sus manuscritos.

Pero si bien el tema de los libros, para una población estudiantil universitaria de poco más de 65,000, tiene mucho que ver con la administración de la libertad, el de la nueva definición de lo que es “público” cubre a toda esta nación caribeña de cuatro millones de habitantes en su territorio. Al ser Puerto Rico una colonia de Estados Unidos, la determinación que se tome al respecto podría tener repercusiones más allá del mar que rodea este país isleño.

El centro de la controversia es el reclamo del Presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, de que le asiste el derecho de prohibir el acceso, tanto a las gradas como al palco de prensa, para llevar a cabo las sesiones legislativas a puerta cerrada. Su abogado, Charlie Rodríguez, argumentó ante el tribunal que no existe jurisprudencia que especifique qué quiere decir el mandato constitucional de que las sesiones legislativas “serán públicas” y que está bajo cuestionamiento “qué es público”.

Según el abogado y ex presidente también del Senado, basta con que las sesiones se transmitan por televisión e internet y que se mantenga un diario de sesiones para que se cumpla el requisito constitucional, aunque la gente no pueda entrar.

Ya esa política de restricción del acceso al público y a la prensa dejó el saldo de decenas de heridos y daños a la propiedad cuando un contingente de cerca de cien efectivos de las unidades antimotines, caballos y un helicóptero arremetieron a macanazos y gases lacrimógenos contra manifestantes que acudieron al Capitolio a reclamar el acceso vedado. Ante la marejada de críticas y ataques por el operativo, el propio Gobierno de Puerto Rico ha anunciado que tramita ayuda de la Policía de Nueva York a fin de preparar mejor a la Policía nacional.

Esa acción policial, que arrasó con una manifestación convocada por estudiantes universitarios, provocó también un inusitado llamado conjunto a la protesta cívica encabezado por el Colegio de Abogados que cuenta con el respaldo del Partido Popular Democrático, principal de la oposición, y del pequeño aunque influyente Partido Independentista Puertorriqueño. Pero se trata de una convocatoria que excede a la institucionalidad política electoral y en la misma participan –entre otros- el Movimiento al Socialismo, el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano, así como diversos grupos cívicos y políticos, y hasta la Iglesia.

A principios del establecimiento del régimen autonomista denominado Estado Libre Asociado, EEUU utilizó a Puerto Rico como modelo ejemplarizante de democracia para los países de América Latina. Ahora, en momentos en que sigue pendiente la promesa del Presidente Barack Obama de resolver este cuatrienio el viejo caso colonial puertorriqueño, el tema de la manera democrática de gobernar vuelve a estar sobre la mesa, pero desde un punto de vista distinto.

De hecho, Rivera Schatz imputa al Presidente Obama no haber cumplido su palabra empeñada a Puerto Rico.

Publicado orginalmente en ArgenPress.

Réquiem por la autonomía universitaria – 2

In Celeste Benitez, Estudiantes, Gobernador Luis Fortuño, politica, Puerto Rico, Universidad de Puerto Rico on June 29, 2010 at 3:14 pm
El Gobernador Luis Fortuño ha demostrado que no es amigo del estudiante en el sistema público.

El Gobernador Luis Fortuño ha demostrado que no es amigo del estudiante en el sistema público.

Por Celeste Benítez

Como Gobernador, Luis Fortuño ha demostrado una gran hostilidad hacia la Universidad de Puerto Rico.  Graduado de universidades norteamericanas, Fortuño nunca pisó las aulas de la “Upi”: él no sabe lo que es, ni lo que vale la Universidad, ni muchísimo menos la aprecia y estima.

Ejemplo de esto es el hecho de que el Gobernador utilizó el Mensaje que dirigió a la Legislatura en abril pasado para echarle leña al fuego de la huelga universistaria recién comenzada.  Criticó a los “revoltosos” que la habían iniciado y destacó lo mucho que nos “cuesta” la UPR a los contribuyentes.

En lugar de actuar como hombre de Estado y exhortar a las partes a dialogar para resolver pronto sus diferencias, Fortuño prefirió explotar politiqueramente la antipatía que suelen suscitar las huelgas y quienes las instigan para tratar de pescar votos en río revuelto.

Fortuño tampoco sabe lo que es la autonomía universitaria, ni la respeta.  El editorial del 22 de junio de “El Nuevo Día”  expresa bien lo que debe ser el rol del gobierno frente a la UPR:

“El mejor servicio que puede dar un gobernante a esta magna institución es garantizar creativamente los fondos para que crezca y madure en el tiempo; y mantener escrupulosamente, él y todo el Gobierno, una distancia consciente del acontecer cotidiano de la Universidad.”

Lejos de observar esa distancia, veamos algunas de las violaciones crasas de Fortuño a la autonomía universitaria:

• En entrevista con Yanira Hernández Cabiya el 18 de mayo pasado, Fortuño afirmó que él “dio instrucciones a las autoridades universitarias para que se sienten a dialogar sin dilación y que abran los libros de la institución para que sean evaluados por los estudiantes”.

Un gobernador no está para dar “instrucciones” a las autoridades universitarias de cómo resolver los asuntos internos de la institución.  Fortuño no sólo lo hace, sino que se ufana públicamente de haberlo hecho.

• En esa misma entrevista, el Gobernador afirma: “Mi deseo es retirar a la mayoría de la Policía de allí (el recinto de Río Piedras)”.  Los “deseos” de Fortuño son totalmente irrelevantes: a quienes les corresponde llamar o retirar a la Policía de los terrenos de la UPR es a las autoridades universitarias, nunca al Gobernador.
• La Administración Fortuño ha reducido en $113 millones los fondos que por legislación le corresponde a la UPR recibir del Fondo General y de Fondos Especiales: $41m menos por recaudos de la Ley Núm. 7; $53m menos por recaudos del IVU para el pago de la deuda COFINA; $19m menos: una cantidad no compensada por la caída en recaudos del Fondo General, causada por nuevos créditos y exenciones contributivas.

Asfixiar económicamente a la UPR es una manera clara de atentar contra la autonomía universitaria.

•  Fortuño les impuso unilateralmente un “mediador” a las partes en conflicto en la UPR.  No conforme con designar al obispo de la Iglesia Episcopal David Alvarez para desempeñar ese rol, el Gobernador dictó también el calendario de la “mediación”: comenzar las reuniones el lunes 31 de mayo; terminar la huelga el viernes 4 de junio; abrir los portones de la UPR el lunes siguiente.
Una intervención tan descabellada y tan dictatorial como ésa terminó, como no podía ser de otra manera, en un estrepitoso fracaso.

• Molesto porque la Junta de Síndicos –desde enero de 2009 con una mayoría PNP– derrotó a la presidenta Ygrí Rivera para poner fin a la huelga, Fortuño convirtió en ley en tiempo récord un proyecto para añadir 4 nuevos miembros a la JS.  El Senado confirmó en menos de 24 horas a los nominados por Fortuño: el abogado de Pedro Rosselló Luis Berríos; la activista del PNP en el Recinto de Río Piedras, ex profesora Aida Avalo; el ex tesorero del PNP, Felipe Carro; y la ex secretaria del Trabajo de Rosselló, Aura González.

Igual que hizo con sus tres nombramientos al Tribunal Supremo, Fortuño ha convertido a la Junta de Síndicos de la UPR en otro comité de barrio del Partido Nuevo Progresista.
•  El P. de la C. 2726, que Fortuño inmediatamente convirtió en ley, es un salvaje intento por intervenir indebidamente en los asuntos internos de la UPR por parte del PNP.

Esa ley obliga a los miembros de todos los organismos deliberativos de la Universidad –la Junta Universitaria, las juntas administrativas, el claustro, los organismos estudiantiles y los senados académicos—a “ejercer su derecho al voto de forma secreta y personalmente, por correo regular, electrónico o cualquier otro medio electrónico disponible, siempre y cuando se observe la secretividad de los procesos.”

¿Qué hacen la Legislatura y el Gobernador enmendando los reglamentos internos de la Universidad de Puerto Rico?  ¿Qué hacen los legisladores obligando a la comunidad universitaria a votar en secreto, cuando ellos mismos votan continuamente a viva voz y por lista en sus hemiciclos?

No se había secado aún la tinta del acuerdo entre estudiantes y la Junta de Síndicos que puso fin a la huelga, cuando las autoridades universitarias se movieron a violarlo.  Confrontado con esa grave falta a la palabra empeñada, el secretario de la Gobernación Marcos Rodríguez Ema, todo un abogado, dijo que el acuerdo era “un pedazo de papel que cualquiera puede hacer con él lo que mejor entienda”.

Así se burla de los tribunales este gobierno “de ley y orden”.

Hay que salvar a la Universidad del afán totalitario de Fortuño y el PNP de controlarlo todo y de destruir todo aquello que no puedan controlar.  Y hay que salvarla ahora.
29 de junio de 2010

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