El Gobernador Luis Fortuño ha demostrado que no es amigo del estudiante en el sistema público.

Por Celeste Benítez

Como Gobernador, Luis Fortuño ha demostrado una gran hostilidad hacia la Universidad de Puerto Rico.  Graduado de universidades norteamericanas, Fortuño nunca pisó las aulas de la “Upi”: él no sabe lo que es, ni lo que vale la Universidad, ni muchísimo menos la aprecia y estima.

Ejemplo de esto es el hecho de que el Gobernador utilizó el Mensaje que dirigió a la Legislatura en abril pasado para echarle leña al fuego de la huelga universistaria recién comenzada.  Criticó a los “revoltosos” que la habían iniciado y destacó lo mucho que nos “cuesta” la UPR a los contribuyentes.

En lugar de actuar como hombre de Estado y exhortar a las partes a dialogar para resolver pronto sus diferencias, Fortuño prefirió explotar politiqueramente la antipatía que suelen suscitar las huelgas y quienes las instigan para tratar de pescar votos en río revuelto.

Fortuño tampoco sabe lo que es la autonomía universitaria, ni la respeta.  El editorial del 22 de junio de “El Nuevo Día”  expresa bien lo que debe ser el rol del gobierno frente a la UPR:

“El mejor servicio que puede dar un gobernante a esta magna institución es garantizar creativamente los fondos para que crezca y madure en el tiempo; y mantener escrupulosamente, él y todo el Gobierno, una distancia consciente del acontecer cotidiano de la Universidad.”

Lejos de observar esa distancia, veamos algunas de las violaciones crasas de Fortuño a la autonomía universitaria:

• En entrevista con Yanira Hernández Cabiya el 18 de mayo pasado, Fortuño afirmó que él “dio instrucciones a las autoridades universitarias para que se sienten a dialogar sin dilación y que abran los libros de la institución para que sean evaluados por los estudiantes”.

Un gobernador no está para dar “instrucciones” a las autoridades universitarias de cómo resolver los asuntos internos de la institución.  Fortuño no sólo lo hace, sino que se ufana públicamente de haberlo hecho.

• En esa misma entrevista, el Gobernador afirma: “Mi deseo es retirar a la mayoría de la Policía de allí (el recinto de Río Piedras)”.  Los “deseos” de Fortuño son totalmente irrelevantes: a quienes les corresponde llamar o retirar a la Policía de los terrenos de la UPR es a las autoridades universitarias, nunca al Gobernador.
• La Administración Fortuño ha reducido en $113 millones los fondos que por legislación le corresponde a la UPR recibir del Fondo General y de Fondos Especiales: $41m menos por recaudos de la Ley Núm. 7; $53m menos por recaudos del IVU para el pago de la deuda COFINA; $19m menos: una cantidad no compensada por la caída en recaudos del Fondo General, causada por nuevos créditos y exenciones contributivas.

Asfixiar económicamente a la UPR es una manera clara de atentar contra la autonomía universitaria.

•  Fortuño les impuso unilateralmente un “mediador” a las partes en conflicto en la UPR.  No conforme con designar al obispo de la Iglesia Episcopal David Alvarez para desempeñar ese rol, el Gobernador dictó también el calendario de la “mediación”: comenzar las reuniones el lunes 31 de mayo; terminar la huelga el viernes 4 de junio; abrir los portones de la UPR el lunes siguiente.
Una intervención tan descabellada y tan dictatorial como ésa terminó, como no podía ser de otra manera, en un estrepitoso fracaso.

• Molesto porque la Junta de Síndicos –desde enero de 2009 con una mayoría PNP– derrotó a la presidenta Ygrí Rivera para poner fin a la huelga, Fortuño convirtió en ley en tiempo récord un proyecto para añadir 4 nuevos miembros a la JS.  El Senado confirmó en menos de 24 horas a los nominados por Fortuño: el abogado de Pedro Rosselló Luis Berríos; la activista del PNP en el Recinto de Río Piedras, ex profesora Aida Avalo; el ex tesorero del PNP, Felipe Carro; y la ex secretaria del Trabajo de Rosselló, Aura González.

Igual que hizo con sus tres nombramientos al Tribunal Supremo, Fortuño ha convertido a la Junta de Síndicos de la UPR en otro comité de barrio del Partido Nuevo Progresista.
•  El P. de la C. 2726, que Fortuño inmediatamente convirtió en ley, es un salvaje intento por intervenir indebidamente en los asuntos internos de la UPR por parte del PNP.

Esa ley obliga a los miembros de todos los organismos deliberativos de la Universidad –la Junta Universitaria, las juntas administrativas, el claustro, los organismos estudiantiles y los senados académicos—a “ejercer su derecho al voto de forma secreta y personalmente, por correo regular, electrónico o cualquier otro medio electrónico disponible, siempre y cuando se observe la secretividad de los procesos.”

¿Qué hacen la Legislatura y el Gobernador enmendando los reglamentos internos de la Universidad de Puerto Rico?  ¿Qué hacen los legisladores obligando a la comunidad universitaria a votar en secreto, cuando ellos mismos votan continuamente a viva voz y por lista en sus hemiciclos?

No se había secado aún la tinta del acuerdo entre estudiantes y la Junta de Síndicos que puso fin a la huelga, cuando las autoridades universitarias se movieron a violarlo.  Confrontado con esa grave falta a la palabra empeñada, el secretario de la Gobernación Marcos Rodríguez Ema, todo un abogado, dijo que el acuerdo era “un pedazo de papel que cualquiera puede hacer con él lo que mejor entienda”.

Así se burla de los tribunales este gobierno “de ley y orden”.

Hay que salvar a la Universidad del afán totalitario de Fortuño y el PNP de controlarlo todo y de destruir todo aquello que no puedan controlar.  Y hay que salvarla ahora.
29 de junio de 2010