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Réquiem por la autonomía universitaria – 2

In Celeste Benitez, Estudiantes, Gobernador Luis Fortuño, politica, Puerto Rico, Universidad de Puerto Rico on June 29, 2010 at 3:14 pm
El Gobernador Luis Fortuño ha demostrado que no es amigo del estudiante en el sistema público.

El Gobernador Luis Fortuño ha demostrado que no es amigo del estudiante en el sistema público.

Por Celeste Benítez

Como Gobernador, Luis Fortuño ha demostrado una gran hostilidad hacia la Universidad de Puerto Rico.  Graduado de universidades norteamericanas, Fortuño nunca pisó las aulas de la “Upi”: él no sabe lo que es, ni lo que vale la Universidad, ni muchísimo menos la aprecia y estima.

Ejemplo de esto es el hecho de que el Gobernador utilizó el Mensaje que dirigió a la Legislatura en abril pasado para echarle leña al fuego de la huelga universistaria recién comenzada.  Criticó a los “revoltosos” que la habían iniciado y destacó lo mucho que nos “cuesta” la UPR a los contribuyentes.

En lugar de actuar como hombre de Estado y exhortar a las partes a dialogar para resolver pronto sus diferencias, Fortuño prefirió explotar politiqueramente la antipatía que suelen suscitar las huelgas y quienes las instigan para tratar de pescar votos en río revuelto.

Fortuño tampoco sabe lo que es la autonomía universitaria, ni la respeta.  El editorial del 22 de junio de “El Nuevo Día”  expresa bien lo que debe ser el rol del gobierno frente a la UPR:

“El mejor servicio que puede dar un gobernante a esta magna institución es garantizar creativamente los fondos para que crezca y madure en el tiempo; y mantener escrupulosamente, él y todo el Gobierno, una distancia consciente del acontecer cotidiano de la Universidad.”

Lejos de observar esa distancia, veamos algunas de las violaciones crasas de Fortuño a la autonomía universitaria:

• En entrevista con Yanira Hernández Cabiya el 18 de mayo pasado, Fortuño afirmó que él “dio instrucciones a las autoridades universitarias para que se sienten a dialogar sin dilación y que abran los libros de la institución para que sean evaluados por los estudiantes”.

Un gobernador no está para dar “instrucciones” a las autoridades universitarias de cómo resolver los asuntos internos de la institución.  Fortuño no sólo lo hace, sino que se ufana públicamente de haberlo hecho.

• En esa misma entrevista, el Gobernador afirma: “Mi deseo es retirar a la mayoría de la Policía de allí (el recinto de Río Piedras)”.  Los “deseos” de Fortuño son totalmente irrelevantes: a quienes les corresponde llamar o retirar a la Policía de los terrenos de la UPR es a las autoridades universitarias, nunca al Gobernador.
• La Administración Fortuño ha reducido en $113 millones los fondos que por legislación le corresponde a la UPR recibir del Fondo General y de Fondos Especiales: $41m menos por recaudos de la Ley Núm. 7; $53m menos por recaudos del IVU para el pago de la deuda COFINA; $19m menos: una cantidad no compensada por la caída en recaudos del Fondo General, causada por nuevos créditos y exenciones contributivas.

Asfixiar económicamente a la UPR es una manera clara de atentar contra la autonomía universitaria.

•  Fortuño les impuso unilateralmente un “mediador” a las partes en conflicto en la UPR.  No conforme con designar al obispo de la Iglesia Episcopal David Alvarez para desempeñar ese rol, el Gobernador dictó también el calendario de la “mediación”: comenzar las reuniones el lunes 31 de mayo; terminar la huelga el viernes 4 de junio; abrir los portones de la UPR el lunes siguiente.
Una intervención tan descabellada y tan dictatorial como ésa terminó, como no podía ser de otra manera, en un estrepitoso fracaso.

• Molesto porque la Junta de Síndicos –desde enero de 2009 con una mayoría PNP– derrotó a la presidenta Ygrí Rivera para poner fin a la huelga, Fortuño convirtió en ley en tiempo récord un proyecto para añadir 4 nuevos miembros a la JS.  El Senado confirmó en menos de 24 horas a los nominados por Fortuño: el abogado de Pedro Rosselló Luis Berríos; la activista del PNP en el Recinto de Río Piedras, ex profesora Aida Avalo; el ex tesorero del PNP, Felipe Carro; y la ex secretaria del Trabajo de Rosselló, Aura González.

Igual que hizo con sus tres nombramientos al Tribunal Supremo, Fortuño ha convertido a la Junta de Síndicos de la UPR en otro comité de barrio del Partido Nuevo Progresista.
•  El P. de la C. 2726, que Fortuño inmediatamente convirtió en ley, es un salvaje intento por intervenir indebidamente en los asuntos internos de la UPR por parte del PNP.

Esa ley obliga a los miembros de todos los organismos deliberativos de la Universidad –la Junta Universitaria, las juntas administrativas, el claustro, los organismos estudiantiles y los senados académicos—a “ejercer su derecho al voto de forma secreta y personalmente, por correo regular, electrónico o cualquier otro medio electrónico disponible, siempre y cuando se observe la secretividad de los procesos.”

¿Qué hacen la Legislatura y el Gobernador enmendando los reglamentos internos de la Universidad de Puerto Rico?  ¿Qué hacen los legisladores obligando a la comunidad universitaria a votar en secreto, cuando ellos mismos votan continuamente a viva voz y por lista en sus hemiciclos?

No se había secado aún la tinta del acuerdo entre estudiantes y la Junta de Síndicos que puso fin a la huelga, cuando las autoridades universitarias se movieron a violarlo.  Confrontado con esa grave falta a la palabra empeñada, el secretario de la Gobernación Marcos Rodríguez Ema, todo un abogado, dijo que el acuerdo era “un pedazo de papel que cualquiera puede hacer con él lo que mejor entienda”.

Así se burla de los tribunales este gobierno “de ley y orden”.

Hay que salvar a la Universidad del afán totalitario de Fortuño y el PNP de controlarlo todo y de destruir todo aquello que no puedan controlar.  Y hay que salvarla ahora.
29 de junio de 2010

Centro de Corrupción Pedro Rosselló

In Politics, Puerto Rico on June 10, 2010 at 1:14 pm

CCPRG:  ¡qué aberración!

Por  Celeste Benítez

Bautizar el Centro de Convenciones con el nombre de Pedro Rosselló González es una vergüenza para el Pueblo de Puerto Rico, una barbaridad y una aberración.  Se premia a un ex gobernador que solía observar conductas indignas de su cargo, y que presidió el gobierno más corrupto de toda la historia del País.

Pero todavía hay otras tres razones para rechazar ese acto.

La primera se llama Víctor Fajardo, secretario del Departamento de Educación (DE) bajo Rosselló de 1994 al 2000.  Fajardo extingue condena de 12.7 años de cárcel por el robo desenfrenado de fondos públicos durante su infame incumbencia.

Nunca sabremos exactamente cuánto dinero robaron Fajardo y su pandilla.  Resultó convicto por extorsionar a contratistas del DE por $4.3 millones, pero el fiscal a cargo del caso estimó que el botín debió haber sido mucho mayor.  Los $4.3 millones eran sólo la cantidad que los federales creían poder probar más allá de toda duda razonable.

Fajardo usaba los mismos métodos corruptos del gobierno de Rosselló.  El empresario que quería obtener un contrato con el DE, tenía que pagar entre el 10% y el 15% del monto total del contrato a Fajardo o a sus cómplices.

Los pagos se hacían en efectivo, o pagando facturas fatulas a corporaciones fantasmas controladas por el Secretario, o pagando facturas políticas del Partido Nuevo Progresista.  Así, Fajardo convirtió al DE en el cajero automático del PNP.

Para ello, Víctor tenía una caja fuerte en su Oficina en el DE, en la que se ocuparon varios cientos de miles de dólares en efectivo.  Cuando las autoridades allanaron la mansión que Fajardo compró siendo Secretario a un costo de un millón de dólares, encontraron otros $300,000 ocultos en la residencia.

En junio del 2000, cuando ya había claras señales de corrupción en el DE, un legislador denunció que Víctor pagaba con fondos federales a los guardias privados que custodiaban su residencia y pidió su renuncia.  La airada respuesta de Rosselló, el eterno monito sabio, fue: “(Fajardo) cuenta con mi total y absoluta confianza”.

Así, el pediatra y el “educador” prostituyeron el lema hipócrita que adoptaron para el DE de “Nuestros niños primero”.

Otro grave daño que nos infligió Rosselló se llama desastre fiscal.  Pésimo administrador que fue, el ex gobernador hizo trizas las finanzas gubernamentales.

Además de los incontables millones que nos robó la corrupción, la manera irresponsable en que implementó “la tarjetita de Rosselló” dejó al ELA al borde de la quiebra.  Privatizó los servicios de salud y convirtió a las aseguradoras en intermediarios entre el paciente y el médico; vendió la red de hospitales y dispensarios públicos a precios de quemazón; y financiaba los costos de “la tarjetita” con líneas de crédito del Banco Gubernamental, minando la estabilidad fiscal del País.

Los tres mega proyectos que Rosselló dejó a mitad en el 2001 fueron antros de corrupción y de despilfarro.  El Tren Urbano –que terminó siendo el tren más caro del mundo–, el Supertubo y el Coliseo quedaron plagados de serias deficiencias y graves vicios de construcción.  La ex gobernadora Sila Calderón tuvo que salvarlos del desastre a un costo altísimo.

La eliminación de la Sección 936 del Código de Rentas Internas federal en 1996, cosa que Rosselló gestionó activamente, fue una verdadera tragedia para Puerto Rico.  Al perder las exenciones contributivas que la 936 proveía, empresas norteamericanas acogidas a ella comenzaron a irse del País.

De 153,700 empleos en la manufactura que había aquí en 1995, quedaban sólo 91,900 en el 2009. Con ello perdimos no menos de 61,800 empleos directos bien remunerados, más los miles de empleos indirectos e inducidos que aquéllos generan.

Las empresas 936, por ventajas contributivas, depositaban sus ganancias en la banca local.  En junio de 1996, había un total de $10,666 millones de Fondos 936 depositados en el sistema bancario y financiero de Puerto Rico.  Gracias a Rosselló, ese dinero se fue para no volver, encareciendo el costo del dinero para el consumidor boricua.

Una tercera razón son las trampas para obtener la “pensión Cadillac” que Rosselló disfrutó desde enero de 2001.

En el verano de 2000, cuando Rosselló hacía gestiones para jubilarse, la Administración de los Sistemas de Retiro del ELA (Retiro) certificó que al 31 de diciembre de ese año, sólo contaría con 29 años y 3 meses de tiempo cotizado.  Le faltaban nueve (9) meses para poder disfrutar de  la llamada “pensión Cadillac” que el ex gobernador codiciaba, de $52,500 anuales.

El 15 de diciembre “milagrosamente” aparecieron los nueve meses que faltaban.  La Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción (ASSMCA) “certificó” que Rosselló había trabajado bajo contrato en el Hospital de Psiquiatría del Departamento de Salud (DS) de junio a agosto en los años 1962, 1963 y 1964.  Ello, a pesar de que los empleos de verano para estudiantes usualmente se extienden sólo por dos meses (junio y julio), y no por tres.

El expediente final de los 30 años se completó a puertas cerradas en el DS el domingo 31 de diciembre del 2000.  El administrador de ASSMCA, José Acevedo Martínez, posteriormente encarcelado por soborno y extorsión, emitió la “certificación” en un trámite altamente irregular, y sin evidencia alguna que confirmara los “hechos” que estaba certificando.

Una investigación posterior realizada por Retiro reveló que los famosos contratos nunca existieron, y que en aquellos tres veranos Rosselló había estado jugando tenis en torneos fuera del País.  La Agencia determinó que el ex gobernador no tenía derecho a la “pensión Cadillac”; ajustó el monto de su pensión a la que correspondía a los 29 años y 9 meses que había cotizado; y le exigió restituir el dinero que había cobrado en exceso.

Las acciones legales que inició Rosselló contra Retiro se tornaron académicas cuando éste, derrotado como candidato a gobernador en el 2004, juró el cargo de Senador por Arecibo a comienzos del año siguiente. Un tal Víctor Loubriel, electo a ese escaño en las elecciones de 2004, “generosamente” renunció a él para que su líder lo ocupara.

¿Cómo es posible que ese historial de corrupción, pésima administración, mentiras y trampas se premie, bautizando el CC con el nombre de PRG?                               8 de junio de 2010